La discusión por una nueva ley de biocombustibles elevó la temperatura política en el Congreso y abrió una fuerte puja entre provincias productoras, empresas petroleras y representantes de la industria del biodiésel y el bioetanol.
La iniciativa impulsada por sectores cercanos al oficialismo propone modificar el esquema vigente y avanzar hacia una mayor apertura del mercado, una medida que cuenta con respaldo de grandes compañías energéticas pero que genera resistencia entre numerosas pymes del sector.
El debate tiene especial relevancia para provincias como Santa Fe, Córdoba y Tucumán, donde la producción de biocombustibles representa una actividad estratégica para la generación de empleo e inversiones.
Desde los sectores críticos sostienen que una desregulación acelerada podría favorecer la concentración del negocio en pocos actores y poner en riesgo a pequeñas y medianas empresas que se desarrollaron bajo el marco normativo actual.
Por otro lado, quienes impulsan los cambios argumentan que el sistema vigente necesita mayor competencia y que la ampliación de los porcentajes de mezcla obligatoria permitiría atraer inversiones y aumentar la producción.
La discusión continuará en las próximas semanas en el Senado, donde gobernadores y legisladores buscan introducir modificaciones que permitan compatibilizar los intereses de las economías regionales con la estrategia energética nacional.
