La comisión de Obras Públicas del Concejo de la Ciudad comenzó este martes a discutir tres proyectos para regularizar la actividad de los cuidacoches, un trabajo que ha traído varias denuncias por incidentes entre los que desempeñan esta tarea y conductores en las calles.
Los expedientes están impulsados por Lisandro Cavatorta (Frente de Todos), María Fernanda Gigliani (Iniciativa Popular) y el bloque Ciudad Futura. Con sus matices, van en una misma línea regulatoria y posibilitarían construir un consenso por primera vez sobre el tema, ya que con composiciones anteriores del cuerpo legislativo, nunca pudo arribarse a un acuerdo.
Los tres proyectos entienden la imposibilidad práctica de prohibir un fenómeno social relacionado a la exclusión, como superación de las miradas sobre el tema que intentan eliminarla o dejar todo tal cual está. Actualmente, un artículo del Código de Convivencia sanciona a la persona que en la vía pública genera una extorsión por cuidar un auto. Es decir, es una contravención en la que el municipio tiene la facultad de intervenir.
La lectura de Cavatorta, autor de una de las iniciativas, es que esto “es ineficiente, porque le carga al vecino la obligación de tener que probar esa extorsión, cosa que no está sucediendo, y no hay identificación del cuidacoches para poder dar nombre, apellido y número de registro”. Por otra parte, afirma que la prohibición tampoco es efectiva, porque no hay un control municipal suficiente: “No tiene la capacidad y está fallando en muchos temas, menos aún podrá con esto”, dijo.
Por lo contrario, aseguró que “en los lugares del país donde se bajaron los índices de conflicto, han ido por la regulación para bajar la violencia y que no crezca la extorsión”. De este modo, indicó que “no solo se atiende la cuestión social de aquellos para los que significa su único ingreso económico, sino sobre todo para evitar que haya cada vez más situaciones de violencia y extorsiones que tienen que vivir los automovilistas todos los días”.
Para ello, propone censar, registrar y diferenciar entre los cuidadores de calles de lunes a domingo, y los de espectáculos masivos, culturales o deportivos, “para detectar a los que hace años trabajan en una cuadra, son reconocidos por los vecinos, se manejan con respeto y cobran a voluntad, realizan esta actividad para llevar un mango a casa, y separarlos de los que son mafias organizadas y en muchos casos delincuentes con antecedentes”. Una vez hecho ese registro, se distribuirán en zonas, días, horarios y eventos. La idea es replicar y expandir la experiencia solidaria que ha funcionado en la Rambla Catalunya y la Fiesta de Colectividades, pero con precio voluntario.
De esta forma, el cuidacoches registrado “sentirá que se lo está controlando, estará identificado y, en el caso de que acumule cinco denuncias de ciudadanos durante un año, se haya probado o no la extorsión, no se le renueva el permiso para el siguiente período. El carnet tendrá validez por 12 meses”, explicó. Y sintetizó: “Lo que se hizo hasta ahora, o sea nada, nos trajo hasta acá. Más cuadras con trapitos, más situaciones violentas y más descontrol”.
Capacitación
El proyecto de Gigliani también postula la implementación de un padrón, que identifique a quienes actualmente llevan adelante esta tarea, que a su vez tengan que capacitarse de manera obligatoria en buenas prácticas. Esto incluye la formación en atención al público y convivencia ciudadana, información turística sobre la ciudad, instrucción sobre normativa de tránsito, capacitación económica y financiera básica, y formación en género y diversidad. Será requisito para llevar adelante la actividad tener constancia de inscripción en alguno de los programas de capacitación profesional o educativos municipales y provinciales, con el objetivo de generar un proyecto de vida alternativo.
A su vez, plantea un orden de prelación que tome los años de antigüedad en la actividad, y que la contribución sea voluntaria, evitando la exigencia de un pago fijo y la solicitud anticipada de entrega de un monto de dinero. Además, prevé la identificación con pecheras, vestimenta adecuada y un código QR. La naturaleza del permiso será personal e intransferible, por lo tanto la Municipalidad puede no renovarla si la persona incumple los deberes previstos en la ordenanza. Incluso habrá causales de caducidad y de sanción si cometen determinadas contravenciones, dando para ello vías de reclamo a la ciudadanía. Además, habilita al municipio a la firma de convenios con empresas cooperativas e instituciones para que puedan incluir o dar oportunidad de trabajo a los inscriptos.
“Hay que hacer una diferenciación entre aquellos que se organizan para cometer delitos, a los cuales se les debería aplicar el Código Penal, y otro universo de trabajadores informales que llevan adelante esta actividad de cuidacoches. Entendemos que el Estado hasta ahora se hace el distraído, y la solución no es ni la prohibición ni intentar controlar con violencia y con palos, sino de manera inclusiva a través del trabajo”, especificó. “Lo peor que puede hacer el municipio es lo que está haciendo ahora, no hacerse cargo del problema. Es mezclar a todos en la misma bolsa, a quienes son mafiosos del amplio universo de gente que hoy lo usa como único sustento de vida. Entendemos que la salida es la regulación y no la prohibición, sino ver cómo puede haber un mejor ordenador, como es el trabajo”, agregó.
Prueba
El de Ciudad Futura, en tanto, no es un marco general sino una experiencia piloto que retoma el proyecto de “estacionamiento cuidado” presentado en 2016, durante la discusión de la concesión de la explotación del estacionamiento medido. Propone hacer una prueba experimental en una zona en particular: 1º de Mayo de San Luis hasta Córdoba; Córdoba entre Buenos Aires y avenida Belgrano; y Belgrano entre Rioja y Córdoba, calles donde no hay estacionamiento medido.
El sistema toma el modelo de la ciudad de Mendoza, con la compra anticipada de una tarjeta cuyo valor lo impone el Ejecutivo Municipal: “El trabajador cuidacoche compra la tarjeta a un tercio del valor, y se queda como ganancia con la diferencia entre ese valor de adquisición y lo que le cobra al ciudadano usuario del sistema. El resto son ingresos a las arcas municipales para destinar o a reforzar el sistema de bicicletas públicas, o al Fondo Compensador del Transporte”, explicó el edil Pedro Salinas, integrante de la comisión.
El texto establece que el Ejecutivo haga un relevamiento de quienes hoy están desarrollando la actividad en esas arterias, que tendrán prioridad en la incorporación como trabajadores. Al igual que el de Gigliani, pide generar instancias de capacitaciones para los que desarrollen la actividad, y equiparlos de un chaleco refractario, y una credencial identificatoria.
