Los detenidos por las amenazas anónimas contra la familia del ex Central Ángel Di María, Pablo Acotto y Sara Gutiérrez, fueron imputados en la audiencia que se realizó este miércoles en el Centro de Justicia Penal de Rosario. La Fiscalía los acusó como los coautores de los delitos de amenazas coactivas calificadas por uso de arma y por ser anónimas, e intimidación pública agravada por el uso de arma de fuego y tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil. La Justicia dictó la prisión preventiva para ambos por al menos dos años.
El fiscal Socca les atribuyó a Acotto y a Gutiérrez haber realizado, a pedido de otras personas no identificadas hasta el momento y a cambio de dinero en efectivo (cuatro millones de pesos), una amenaza contra la familia del jugador de la selección argentina.
De acuerdo por la investigación del hecho, la maniobra consistió en dirigirse ambos imputados el lunes 25 de marzo de 2024 alrededor de la 1.30 AM a bordo de un vehículo Renault Megane por calle Fuerza Aérea al 4200 de la ciudad de Funes, frente a country de la zona que es lugar de residencia de la familia del jugador, y realizar disparos con un arma de fuego, para luego arrojar una nota intimidatoria donde además se mencionaba al gobernador de Maximiliano Pullaro, para luego darse a la fuga.
El accionar tuvo el objetivo de infundir temor y generar conmoción en la población, como así también en los medios materiales empleados para la concreción del ilícito, teniendo en cuenta la coyuntura especial en la que se encuentra la provincia, indicaron en la audiencia.
Asimismo, se les imputó a ambos la tenencia ilegal de una pistola marca Bersa calibre 22 con numeración y munición en recámara, la cual se encontraba dentro de un departamento de alquiler transitorio ubicado en calle Moreno al 900 de Rosario, donde ambos se ocultaban luego de cometer el hecho anteriormente descripto. Este hecho ocurrió el miércoles 27 de marzo de 2024 a las 5.30 AM en momentos en que personal policial realizó un allanamiento en el domicilio mencionado y detuvo a los acusados.
Por su parte, la defensa de los acusados pidió al juez Pablo Pinto que ambos sean alojados en prisiones federales, ya que fueron indagados por causa de venta de drogas, y no en una cárcel de la provincia bajo “la crueldad en la que funcionan en estos días las cárceles provinciales”.
