Este jueves la vocera provincial, Virginia Coudannes, brindó una conferencia en la sede de Gobierno en Rosario, donde defendió el nuevo paquete de medidas enviado a la Legislatura, orientado a profundizar herramientas para combatir el delito.
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Entre las iniciativas destacadas figura la posibilidad de allanamientos automáticos ante casos de portación ilegal de armas en la vía pública. Según explicó Coudannes, la medida busca agilizar investigaciones ante la presunción de que puedan existir más armas vinculadas a actividades delictivas.
Otro eje es la demolición de búnkeres por orden fiscal, sin intervención judicial previa en situaciones excepcionales. Como ejemplo, mencionó una reciente intervención en la zona sur de la ciudad de Santa Fe: “Los vecinos reclamaban desde hace años porque allí había venta de estupefacientes y otros delitos; la burocracia lleva tiempo y la ciudadanía no puede esperar”, sostuvo la funcionaria.
En materia de inteligencia criminal, el proyecto incorpora mayores capacidades de análisis digital y ciberpatrullaje, incluyendo extracción, recuperación y análisis de datos de dispositivos electrónicos o cuentas digitales, siempre con autorización judicial.
Por otro lado, la funcionaria cuestionó a sectores opositores y dejó nombres propios como contrapunto de las políticas impulsadas por el oficialismo: “Agustín Rossi y Caren Tepp, vinculados a Juan Monteverde, votaron en contra de la baja de edad de imputabilidad”, sostuvo. Y contrastó: “El gobernador acompañó esta ley tan importante para generar una sociedad en paz y orden, un slogan que al kirchnerismo y al peronismo les encantó poner en los carteles, pero nunca invirtieron un peso en seguridad”.
Según publicó Rosario 3, estas serían el resto de medidas a implementar en materia de Seguridad.
Declaración informativa e interrogatorio policial
Habilita que la Fiscalía pueda tomar declaración informativa antes de imputar un delito. También la Policía podría interrogar sospechosos. En todos los casos, la presencia del defensor deja de ser un requisito de validez de esos interrogatorios.
Juicio en rebeldía
Si el imputado se fugó o no se presentó a pesar de haber sido notificado, el juicio sigue y puede dictarse sentencia. Ya existe en otros países y, a nivel nacional, está previsto para causas por terrorismo.
Validación probatoria
Prevé casos en los que la prueba puede ser usada aunque se haya violado alguna garantía al obtenerla. Sería para situaciones especiales en las que se demuestre que la autoridad actuó de buena fe o que había un estado de necesidad, entre otras. En el gobierno afirman que son casos que se han dado en la práctica judicial, pero no están regulados expresamente.
Allanamiento automático
Serviría para casos en los que se comprueba la tenencia de armas de fuego en la vía pública. Permitiría el allanamiento sin orden de juez o fiscal ante la sospecha de que la persona pueda tener más elementos en su domicilio. La reforma de 2024 ya había habilitado a los fiscales a ordenar allanamientos sin orden de juez. Esta herramienta también fue pensada en función del sistema Lince, porque se aplicaría no solo si hay secuestro concreto de un arma, sino también cuando hubiera detección del riesgo “por otros medios” —por ejemplo, el sistema Lince, aunque también podría ser el sistema de videovigilancia de cualquier municipalidad o de un privado—.
Derribo por orden fiscal
El derribo de bunkers de venta de drogas podría ser ordenado por el fiscal cuando el inmueble estuviese abandonado o intrusado, hubiera peligro de derrumbe o daño, o si no hubiera oposición del poseedor. Busca reducir la cantidad de audiencias judiciales que implica llegar a esa instancia y evita que el derribo se retrase por una discusión sobre la competencia provincial que suelen plantear los defensores.
Medidas coercitivas por decreto fiscal
Las medidas no privativas de libertad —incluso tobillera— podrían ser decretadas por el fiscal si hay conformidad del imputado. Si no la hubiera, interviene el juez.
Procedimiento por decreto penal
La posibilidad de un juicio exprés es una de las propuestas más destacadas por el Ejecutivo. Se trata de un proceso similar a lo que ocurre con las multas de tránsito y se aplicaría solo para penas leves —sin prisión efectiva, incluidas contravenciones—. Si la prueba fuera contundente, el fiscal puede solicitar al juez un decreto penal. La persona condenada tiene un plazo de 10 días para formular oposición y cuenta con una audiencia breve para defenderse.
Régimen agravado para internos que ordenan delitos desde la cárcel
Es una evolución del régimen de alto perfil, pensada específicamente para internos que siguen delinquiendo desde la cárcel. Implica aislamiento pleno, suspensión total de visitas y comunicaciones —solo contacto epistolar supervisado— y retiro de elementos de ocio.
Fortalecimiento de las actividades de inteligencia
Se amplían las actividades de inteligencia reguladas, incluyéndose el espionaje digital y electrónico, y el clonado de dispositivos y cuentas. Se piensa con fines que van desde organizaciones narcocriminales hasta casos como el del adolescente que disparó en el colegio de San Cristóbal.
Ampliación del programa de recompensas
Se prevé la posibilidad de ofrecer y pagar recompensas aunque no haya una investigación concreta, por ejemplo para programas de desarme o para obtener información relevante para la prevención de un delito.
Zona de intervención policial especial
Está inspirada en las zonas especiales de investigación que contempla la “ley antimafia” de la Nación. Las habilita ante un aumento sostenido de indicadores de criminalidad en un área determinada. En esa zona, la Policía tendría facultades para establecer controles de acceso; limitaciones horarias a la circulación y el tránsito; prohibiciones de consumo de alcohol; demorar personas hasta 24 horas; requerir allanamientos generales e interrogar sospechosos.
