Después de una negociación “de despacho en despacho” que se estiró hasta la medianoche, el oficialismo llegó al recinto con una versión retocada de la reforma laboral y terminó aprobándola con 42 votos, apoyado por el radicalismo, el PRO y bloques provinciales alineados con gobernadores.
La votación se siguió desde los palcos con presencia de figuras del oficialismo y aliados, mientras que la oposición peronista y el bloque de Santa Cruz rechazaron el proyecto, sin lograr bloquear el resultado final.
El “paquete” que destrabó el poroteo incluyó concesiones y agregados que el Gobierno fue incorporando para sumar respaldos. Entre los cambios comunicados antes de la sesión, se destacó la decisión de no tocar las escalas de Ganancias, un guiño clave para provincias que defienden la recaudación coparticipable.
Pero el giro más relevante llegó sobre el mundo sindical: el texto terminó reforzando la continuidad de aportes vinculados al gremialismo. Se mantuvo un esquema de “contribuciones especiales” con topes (0,5% para empresas/cámaras y 2% para sindicatos), aunque se eliminó el límite temporal que se había anunciado inicialmente, lo que deja los aportes automáticos sin fecha de vencimiento.
Además, se incorporaron definiciones sobre el pago de salarios en caso de enfermedad o accidente no laboral y se agregó la posibilidad de convocar una Junta Médica cuando exista controversia entre certificaciones.
En el tramo final, también se sumó un anexo para avanzar en el traspaso progresivo de competencias de la Justicia laboral a la órbita porteña, y un artículo de vigencia general para la entrada en vigor de la norma una vez publicada en el Boletín Oficial.
Con media sanción en la Cámara alta, el proyecto pasa a Diputados con un oficialismo que, puertas adentro, se muestra confiado en sostener el núcleo de la reforma.
