La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados dio el puntapié inicial para definir si abre el proceso de remoción a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia.
Carolina Gaillard (Frente de Todos), presidenta de la comisión, encabezó a las 11.10 la apertura del debate, con quórum reglamentario. En la primera reunión se enumeraron los 14 proyectos presentados para remover a Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Luego se planteó el cronograma del tratamiento en comisión.
El jueves próximo será el turno para que les autores de los 14 pedidos de juicio político expongan y defiendan sus iniciativas. Luego, el 9 de febrero, se buscará aprobar la admisibilidad del juicio político. Serán cuatro dictámenes distintos, uno por cada juez del Máximo Tribunal.
“Voy a ajustarme a la Constitución y al reglamento de la comisión. Esto no es un juicio penal, no tenemos facultades jurisdicciones que si tienen la justicia”, afirmó la diputada oficialista al abrir la reunión en la sala 1 del Anexo de la Cámara baja.
Luego, el presidente del bloque de diputados de la Coalición Cívica (CC), vicepresidente de la comisión, Juan Manuel López, anticipó que ese espacio va a proponer “una serie de invitados para discutir la admisibilidad porque algunas causales son claramente discutibles”.
Quien le respondió fue el jefe del bloque de diputados del FdT, Germán Martínez, al aclarar que “la oposición va a poder tener la posibilidad de expresar lo que quiera sobre la admisibilidad” ya que “las citaciones están claramente reguladas en función de la etapa de pruebas”.
Los pedidos de juicio político a la Corte
El pedido de juicio político fue incluido por el Poder Ejecutivo entre los temas a tratar en sesiones extraordinarias por el Congreso.
En la apertura de la comisión, Gaillard brindó un mensaje introductorio explicando paso por paso el procedimiento del juicio político, desde la apertura del expediente de acusación, pasando por la etapa sumarial de producción de las pruebas y la eventual votación en el recinto.
En total hay 14 proyectos y son cuatro los causales que motivan los pedidos que apuntan al desplazamiento de los magistrados e inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos.
En primer lugar se cuestiona a los cuatro jueces por el fallo que benefició a la Ciudad de Buenos Aires en el conflicto por la coparticipación federal de recursos.
En segundo término, se acusa a la Corte por el fallo con el que favoreció a Juntos por el Cambio (en detrimento del Frente de Todos) en la composición del Consejo de la Magistratura.
Por último, hay pedidos de juicio político que abrevan en el mal manejo de la obra social y en el fallo del 2×1 que pretendió beneficiar a represores de la última dictadura militar.
