El senador Edgardo Kueider fue detenido mientras intentaba cruzar la frontera hacia Paraguay con una suma considerable de dinero: 201.000 dólares, 646.000 pesos argentinos y 3.900.000 guaraníes (aproximadamente 500.000 pesos). Este hecho generó un fuerte repudio social y podría alterar la composición del Senado. Además, volvió a poner en discusión los mecanismos establecidos para sancionar o destituir a legisladores.
A diferencia de los miembros del Poder Ejecutivo y Judicial, quienes están sujetos a juicio político decidido por el Congreso, los parlamentarios cuentan con un proceso interno que se desarrolla en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Esta instancia tiene entre sus funciones evaluar y decidir posibles sanciones a los legisladores.
En este contexto, surge una situación particular: Kueider preside actualmente dicha comisión en el Senado. Sin embargo, el senador entrerriano anunció que solicitará licencia mientras se resuelve su situación judicial en Paraguay, donde permanece a disposición de las autoridades locales. Ante esta eventualidad, su lugar podría ser asumido por la vicepresidenta de la comisión, Sandra Mendoza, senadora por Tucumán y miembro de Unión por la Patria.
Mendoza tendrá la posibilidad de convocar a una reunión para analizar posibles medidas contra Kueider, incluyendo un eventual desafuero. Este procedimiento está regulado por la Ley 25.320, que estipula un plazo de 60 días para emitir un dictamen y 180 días para tratar la causa en el recinto legislativo, incluso si no hay dictamen previo. Dentro de la comisión, Lucila Crexell, senadora neuquina y única integrante del bloque de Kueider, Las Provincias Unidas, podría participar en el análisis del caso. Sin embargo, se prevé que exista una amplia mayoría dispuesta a tomar las medidas necesarias según la gravedad de los hechos.
