A dos semanas de su detención, el jefe de la barra brava de Rosario Central, Andrés “Pillín” Bracamonte, y el secretario general de la Uocra, Carlos Vergara, fueron imputados este viernes junto a otras seis personas por la conformación de una presunta asociación ilícita destinada a obtener negocios lícitos mediante extorsiones o amenazas a través de la estructura del gremio de la construcción.
En ese sentido, el fiscal Miguel Moreno le atribuyó a Bracamonte los delitos de “asociación ilícita en calidad de jefe y organizador en carácter de autor”, y el delito de “extorsión en calidad de autor”.
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Por su parte, el juez Facundo Becerra resolvió otorgarle la libertad bajo fianza: deberá pagar 20 millones de pesos y cumplir con ciertas restricciones.
Vergara, que también fue imputado por “amenazas coactivas en carácter de coautor”, permanecerá en prisión preventiva por el plazo de la ley al igual que Roque Raúl M., Juan Manuel E., Cristian Raúl D., Carlos Marcelo P., Horacio M. En tanto, el juez resolvió que el imputado Fernando R. mantenga su libertad.
La Fiscalía les atribuyó a Bracamonte, Vergara, y a los otros seis imputados, integrar una asociación ilícita “destinada a planificar y cometer una pluralidad de delitos de manera organizada, todo ello valiéndose de la estructura de la organización sindical de la Uocra dentro de la cual se ha consolidado un poder de hecho que es compartido con la barrabrava” de Central.
Para Moreno, el grupo “utilizaba la estructura de Uocra para realizar exigencias dinerarias a distintos contratistas que trabajan en plantas agroexportadoras del cordón industrial a cambio de que pudieran desarrollar su trabajo. Se les solicitaba que se acercaran al sindicato y se les exigía una suma dineraria en función de la cantidad de empleados, la magnitud y el tiempo de la obra”.
“Se había creado en la región un libre deuda sindical local, que va por fuera de lo que estipula la ley y el reglamento de Uocra, cuya tramitación la realiza el contador de la empresa en la plataforma del sindicato. Ni tiene ninguna exigibilidad legal. En algunos casos, los contratistas aportaban un millón de pesos por mes”, agregó.
Además el fiscal detalló la existencia de “rentamientos”, lo que implican “toma de empleados, que son familiares y allegados a Vergara, y también al hijo de Bracamonte. En el domicilio de Bracamonte encontramos 53 recibos de sueldo consecutivos que fueron entregados por uno de los integrantes de la asociación ilícita. El hijo no iba a trabajar”.
“En la casa de Vergara se encontraron 39 millones de pesos en efectivo y 18 mil dólares. En ningún tramo de la audiencia las defensas se dedicaron a explicar el origen de ese dinero. Lo que inferimos es que proviene de las colaboraciones y rentamientos”, detalló Moreno.
“La amenaza con que logran intimidar a los contratistas es que sin colaboración no hay posibilidad de que ingresen a las plantas a trabajar. En muchos casos, les hace perder el contrato que tienen con las agroexportadoras y en otros retrasan el trabajo. Haciendo un análisis entre costo y beneficio, los contratistas no han visto otra alternativa que acceder”, concluyó..
