La crisis económica y el fuerte aumento de los alquileres están generando un impacto directo en la estabilidad habitacional de numerosos rosarinos. Según informó Ariel D’Orazio, subdirector de la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor, durante el primer semestre del año se registró un incremento del 20% en las consultas vinculadas a la rescisión anticipada de contratos de locación.
“Estamos recibiendo cada vez más inquilinos e inquilinas que se acercan a la oficina buscando asesoramiento porque no pueden afrontar el valor mensual del alquiler. Muchos llegan arrastrando alguna deuda previa y, frente a un nuevo ajuste, optan por resolver el contrato antes de seguir endeudándose”, explicó D’Orazio.
Las causas detrás de esta situación son múltiples. En algunos casos, los aumentos superan ampliamente las expectativas y la capacidad de pago de las familias. En otros, se suman factores como la pérdida de empleo o la reducción de ingresos dentro del hogar, lo que termina afectando no solo a los titulares del contrato, sino también a sus garantes. “También recibimos a garantes que fueron intimados por la deuda acumulada y buscan evitar que el conflicto escale a la vía judicial”, agregó.
La problemática alcanza tanto a contratos celebrados bajo la antigua Ley de Alquileres (27.551) como a los firmados tras la entrada en vigencia del DNU 70/2023. “Hay contratos que se actualizaron recientemente con aumentos del 70% u 80%, completamente despegados de la evolución de los salarios. También vemos subas trimestrales o cuatrimestrales que avanzan a una velocidad que el bolsillo no puede seguir”, detalló.
D’Orazio recomendó a quienes se encuentren en esta situación acudir a la oficina municipal antes de tomar cualquier decisión. “Es clave consultar, porque no hay un único formato para resolver contratos. Dependerá de la normativa vigente al momento de la firma, del tipo de cláusulas incluidas y del tiempo de preaviso exigido. En algunos casos, incluso, se puede rescindir sin pagar indemnización”, señaló.
La Oficina Municipal de Defensa del Consumidor atiende en Córdoba 852, de lunes a viernes de 8.30 a 16. “Nuestro objetivo es ayudar a que los inquilinos puedan salir de estos contratos de la manera menos onerosa posible y con plena claridad sobre sus derechos”, concluyó D’Orazio.
