Tras identificar a varios responsables por las más de 100 amenazas de tiroteos en escuelas, la Provincia inició acciones administrativas y judiciales para el resarcimiento de los gastos ocasionados al Estado provincial por los operativos montados conforme al protocolo vigente, el cual prevé el reclamo contra los adultos responsables de los menores de edad involucrados.
La Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público de la Acusación (MPA) lograron identificar a varios responsables de estos hechos, todos ellos menores de edad.
El procedimiento de recupero se activa una vez identificados los responsables, momento en el que se inicia un proceso administrativo de relevamiento, cuantificación de costos y conformación de un expediente individual por cada caso. Posteriormente, se libra una intimación formal de pago a los adultos responsables, quienes cuentan con un plazo perentorio para cumplir con la obligación.
En caso de incumplimiento, se da intervención a Fiscalía de Estado para la promoción de las acciones judiciales correspondientes, lo que puede derivar en reclamos patrimoniales con más intereses, costas y gastos.
Según datos oficiales, entre el 16 y el 21 de abril se registraron 158 intervenciones vinculadas a amenazas en ámbitos escolares, de las cuales 148 ocurrieron entre el 16 y el 20, y 10 el día 21. Cada uno de estos operativos implica un costo de base estimado entre 5 y 6 millones de pesos, en función de los recursos humanos, logísticos y materiales desplegados.
Desde el Gobierno Provincial remarcaron la gravedad de estos hechos y su impacto en el sistema de seguridad: “Cada intervención moviliza recursos críticos que dejan de estar disponibles para tareas de prevención. No se trata de bromas: son conductas que generan consecuencias reales”.
Además agregaron que “dependiendo de la zona y el despliegue del operativo, el costo del resarcimiento puede ascender a cifras mucho más altas que esos 6 millones”.
