Un estudio elaborado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral puso números al deterioro que sufrió el ingreso de los docentes universitarios desde el cambio de gobierno nacional. Según ese trabajo, entre diciembre de 2023 y 2025 el salario del sector perdió alrededor del 35,7% de su poder de compra, en un contexto de caída real del financiamiento universitario y de creciente distancia respecto de otros salarios públicos y privados.
El informe advierte que el presupuesto destinado a las universidades retrocedió 28,9% en términos reales en ese período. En el caso de la UNL, además, el cuadro se vuelve todavía más delicado porque el 96% de los recursos que recibe del Tesoro Nacional se destina a salarios, lo que deja escaso margen para absorber el impacto de la desinversión sin afectar de lleno a la planta docente.
La decana de la Facultad de Ciencias Económicas, Liliana Dillon, señaló que el problema no es nuevo, pero remarcó que hoy el sistema universitario enfrenta un escenario especialmente complejo porque el Gobierno nacional no aparece como parte de la solución, sino como un factor que profundiza el conflicto. Según sostuvo, para recomponer lo perdido desde noviembre de 2023 haría falta una recuperación superior al 38% sobre los ingresos brutos.
El trabajo también pone el foco en la composición salarial concreta. Dillon explicó que un docente universitario debería estar hoy por encima de los 2 millones de pesos para sostener su poder adquisitivo, mientras que en muchos casos el ingreso real ronda apenas 1,4 millones. Como ejemplo, indicó que un jefe de trabajos prácticos con dedicación simple percibe cerca de 202 mil pesos, y recordó que ese cargo representa más de la mitad de la planta docente de la UNL.
Otro de los problemas señalados por la conducción académica es el pluriempleo, una consecuencia directa del deterioro salarial que termina desarmando equipos de docencia e investigación. Para las autoridades universitarias, la combinación de salarios deprimidos, financiamiento insuficiente y falta de aplicación de la ley de financiamiento universitario conforma un escenario que pone en riesgo la sustentabilidad del sistema.
La presentación del informe se realizó en el marco de una jornada denominada “La Universidad no se apaga”, organizada por la FCE para debatir la situación actual de la educación superior pública. Allí, la UNL volvió a reclamar la aplicación de la ley vigente y cuestionó además la lentitud del nuevo proyecto enviado al Congreso, que, según advirtieron, ni siquiera contempla la pérdida salarial acumulada durante 2024.
