El Ministerio Público de la Acusación reveló que el caso de fraude con combustible en la Policía de Rosario tuvo un impacto mayor al estimado inicialmente. Según el fiscal José Luis Caterina, tras los allanamientos realizados en mayo, el gasto mensual del gobierno provincial en abastecimiento de móviles se redujo en 58 millones de pesos.
La drástica baja en las cargas de nafta se dio sin afectar la cantidad de patrullajes en la ciudad, lo que refuerza la hipótesis de que existía una estructura ilegal dedicada al desvío de fondos. El ahorro representa un 14% menos respecto a los montos previos a la investigación judicial que derivó en la imputación de 16 policías y cuatro civiles. Si bien la mayoría de ellos recuperó la libertad, la causa sigue en curso.
El caso involucra a personal de distintas unidades, entre ellas la Brigada Motorizada, donde el gasto mensual en combustible pasó de 40 a 25 millones de pesos, una diferencia significativa que alimenta las sospechas sobre maniobras fraudulentas. La comparación de los registros antes y después de las detenciones también se extiende a otras áreas de la fuerza.
Los datos oficiales muestran que, antes del operativo judicial, la Unidad Regional II destinaba más de $406 millones al mes en combustible. En junio, esa cifra descendió a $348 millones. “La reducción coincide con la suspensión del esquema fraudulento”, aseguró Caterina.
Entre los imputados hay cuatro personas externas a la fuerza, vinculadas a Gas Auto Tiferno S.A., empresa que gestionaba la estación Puma de Ovidio Lagos al 3900, ubicada a metros de la Jefatura. El fiscal sostiene que todavía falta determinar cuándo comenzó la operatoria ilegal, aunque muchos de los involucrados tienen relación desde 2018, cuando se implementó el sistema de pago Visa Flota.
Uno de los imputados recientemente detenido es el subinspector Juan Manuel Herrera, responsable directo del suministro de combustible para vehículos de Caballería y Perros. También se encuentran detenidos el jefe y subjefe de esa sección, Fabián Darío Fantín y Mario Brest.
Caterina cuestionó la liberación de parte de los implicados, dispuesta por la jueza Gabriela Sansó, y advirtió sobre la gravedad del daño al erario público. “Esto no fue un error aislado. Era un esquema organizado, aceitado, con intención de seguir robando. Y se hacía con recursos que pertenecen a todos, en un contexto de crisis en seguridad”, concluyó.
