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El Gobierno se metió en la causa en EE.UU. por los fondos de la AFA y respaldó la denuncia por presuntos desvíos millonarios

De acuerdo con el material aportado, el esquema bajo sospecha tendría como “caso testigo” al menos USD 19 millones que, en lugar de ser depositados en la Argentina, habrían sido canalizados hacia cuentas en Estados Unidos mediante acuerdos con entidades del exterior.

La investigación que avanza en Estados Unidos sobre presuntas maniobras financieras vinculadas a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sumó un dato político de alto impacto: el Gobierno argentino formalizó su apoyo a la denuncia y ofreció colaboración institucional a las autoridades norteamericanas que analizan el caso.

El expediente tramita en el Distrito Sur de Florida y también involucra a la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), un organismo del Departamento del Tesoro dedicado a rastrear operaciones sospechosas. La presentación describe un circuito de cobro, desvío y ocultamiento de ingresos generados por la explotación comercial de la Selección argentina, con transferencias que, según la denuncia, debían ingresar al país y quedar registradas ante los organismos fiscales.

La novedad es una carta enviada por el Ministerio de Seguridad al fiscal federal a cargo de la evaluación inicial del caso. En ese texto, el Gobierno planteó su “pleno respaldo” a la investigación y sostuvo que lo denunciado excede cualquier desorden administrativo: habló de posibles violaciones tributarias y anticorrupción en Argentina y de conductas incompatibles con los estándares estadounidenses en materia de prevención de lavado de dinero. También dejó abierta la puerta a aportar documentación, coordinar acciones y brindar declaraciones para facilitar una revisión exhaustiva.

Una denuncia con anexos, contratos y transferencias

El caso fue impulsado por el empresario Guillermo Tofoni, titular de una firma vinculada al negocio del fútbol internacional, a través del abogado estadounidense Gilberto M. Garcia. La presentación incluye anexos con contratos, documentación bancaria, resoluciones internas y comunicaciones formales, y pide encuadrar al denunciante bajo un régimen de protección.

De acuerdo con el material aportado, el esquema bajo sospecha tendría como “caso testigo” al menos USD 19 millones que, en lugar de ser depositados en la Argentina, habrían sido canalizados hacia cuentas en Estados Unidos mediante acuerdos con entidades del exterior. En el mismo escrito se advierte que esos montos podrían ser solo una porción de una operatoria mayor: al contabilizar amistosos, patrocinios y derechos comerciales de los últimos años, se menciona un universo potencial de ingresos muy superior.

Entre los contratos citados aparece el de un amistoso internacional en Beijing, con una compensación de USD 5 millones, y un acuerdo de patrocinio por USD 12 millones que, siempre según la denuncia, terminó derivando fondos a una cuenta estadounidense sin constancia de ingreso al sistema financiero argentino.

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