Amanda Orellana tiene 9 años, síndrome de Down, un trasplante renal y una historia médica atravesada por intervenciones, internaciones y tratamientos complejos. Pero hoy su familia enfrenta otra pelea: conseguir que la obra social le garantice la medicación y las prestaciones que necesita para sostener su salud. Según denunció su madre, los problemas con Ospat se arrastran desde noviembre y ya motivaron una nueva presentación judicial.
La niña fue trasplantada de riñón en el Hospital Garrahan el 9 de noviembre de 2021, después de un recorrido clínico muy difícil. Antes de llegar a esa instancia, en 2019 sufrió un síndrome urémico hemolítico causado por neumococo, cuadro que derivó en múltiples internaciones y en un deterioro de su función renal y pulmonar. Desde entonces, su tratamiento exige controles permanentes y el suministro puntual de medicación específica para evitar el rechazo del órgano.
De acuerdo con el testimonio de su madre, la obra social no viene respondiendo en tiempo y forma a las indicaciones médicas. La familia asegura que hay demoras en la autorización y entrega de medicamentos, errores en los fármacos aprobados y problemas con otras coberturas vinculadas al tratamiento integral de la niña. Entre esos reclamos, mencionan además la falta de respuesta por reintegros ya autorizados, trabas con un kinesiólogo respiratorio domiciliario y la interrupción de la prestación de una asistente terapéutica que venía acompañando a Amanda desde hacía más de un año.
La situación, sostienen, es especialmente delicada porque Amanda no solo cuenta con Certificado Único de Discapacidad, sino también con credencial de CUDAIO y una medida cautelar previa favorable por este mismo tipo de incumplimientos. Aun así, la familia afirma que debió volver a recurrir a la Justicia para exigir que se respeten derechos ya reconocidos.
El caso también expone un problema más amplio. La nota señala que otros afiliados de Ospat vienen denunciando dificultades similares y que incluso se cerró la filial de Rosario, lo que dejó a muchos usuarios sin una vía directa de reclamo en la ciudad. Entre los damnificados hay pacientes con tratamientos oncológicos, trasplantes y otras patologías de alta complejidad que dependen de autorizaciones urgentes para continuar con su atención.
En medio de ese escenario, la familia de Amanda intenta sostener la rutina de una nena que va a la escuela, hace actividad física, realiza terapias y, según su madre, enfrenta cada tratamiento con una fortaleza poco común. Pero esa cotidianeidad, marcada por el esfuerzo de años, vuelve a quedar condicionada por una pelea administrativa que, en un caso así, puede tener consecuencias directas sobre la salud.
Para su entorno, el reclamo no debería depender de una exposición pública ni de una nueva acción judicial. Lo que piden es que Amanda reciba en tiempo y forma la medicación y las prestaciones que necesita para resguardar su vida y sostener el tratamiento que la mantiene estable.
