Taxistas nucleados en el grupo Paradas Libres presentaron una iniciativa ante la Convención Constituyente de Santa Fe para que el servicio de transporte de pasajeros —incluyendo taxis, remises y aplicaciones— sea regulado con rango constitucional. La propuesta, impulsada por Ricardo Aricó, busca asegurar una competencia equilibrada, evitar prácticas abusivas y garantizar un sistema de movilidad urbana justo y eficiente.
“Presentamos un artículo para que los tres subsistemas —taxi, remis y vehículo con app— puedan convivir bajo una regulación clara. No queremos que todo quede librado al mercado ni a las decisiones de las empresas tecnológicas, que muchas veces generan posición dominante y terminan afectando tanto a trabajadores como a usuarios”, explicó Aricó en diálogo con VersiónRosario.
Entre los puntos centrales del proyecto se destaca la fijación de tarifas similares para todos los servicios: la diferencia entre lo que abona un pasajero al tomar un taxi, un remis o un auto con app no podrá superar el 5%. Además, cada municipio o comuna será responsable de establecer la cantidad y características de los vehículos habilitados, evitando así tanto la escasez de unidades como una sobreoferta que perjudique la rentabilidad del servicio.
En línea con la Ley Nacional 27.442 de Defensa de la Competencia, la propuesta también pone límites a las comisiones que las aplicaciones pueden cobrar a los choferes: el tope será del 10% del valor del viaje. Asimismo, las empresas deberán inscribirse formalmente en cada jurisdicción y cumplir con los requisitos fiscales y administrativos locales. Los conductores, por su parte, deberán contar con habilitación municipal o comunal.
La propuesta fue presentada dentro del plazo habilitado por la Convención Constituyente para recibir iniciativas ciudadanas y cuenta con el respaldo del convencional Juan Monteverde, quien se comprometió a trabajar para su aprobación.
Desde Paradas Libres destacaron que el objetivo no es rechazar las nuevas tecnologías, sino evitar que su implementación se convierta en un instrumento de competencia desleal. “Lo que buscamos es una norma marco que preserve el servicio público y que, si es vulnerada, tenga consecuencias constitucionales para los funcionarios responsables”, concluyeron.
