Por primera vez desde su sanción, la Ley Nacional Antimafia comenzará a regir en Rosario. La norma, promulgada el pasado 9 de marzo y publicada oficialmente el 16 de mayo, contempla herramientas específicas para enfrentar el crimen organizado y fue diseñada con foco en delitos complejos como narcotráfico, lavado de dinero, tráfico de armas y de órganos, entre otros.
La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, había anticipado esta medida a comienzos de abril desde el Destacamento Móvil Nº 2 de Gendarmería, donde expresó: “Rosario será la primera zona bajo investigación especial según lo establece la nueva ley”. Esa decisión, explicó, representa la segunda etapa del denominado “Plan Bandera”, que articula acciones federales para recuperar territorios afectados por la violencia criminal.
Con la publicación de la resolución en el Boletín Oficial, la ciudad de Rosario queda formalmente habilitada como el primer escenario donde se implementará la figura de “zona sujeta a investigación especial”. Esto permite a los jueces federales disponer medidas extraordinarias, como la intervención de comunicaciones digitales —incluyendo redes sociales— y el despliegue coordinado de fuerzas federales junto al Ministerio Público Fiscal.
El artículo 1° de la resolución firmada por Bullrich instruye a los magistrados federales a declarar oficialmente a Rosario bajo esta figura jurídica. En tanto, el artículo 2° habilita a las fuerzas de seguridad nacionales que operan en la ciudad a actuar en tareas de detección y prevención de delitos encuadrados dentro de la ley, incluso antes de la declaración formal, si fuera necesario.
La ley, impulsada por el oficialismo y acompañada por bloques como el PRO, la UCR, Las Provincias Unidas y otros espacios federales, busca un abordaje integral del crimen organizado. Uno de sus aspectos más relevantes es que endurece las penas para quienes integren una organización delictiva, con condenas que van de 8 a 20 años de prisión, incluso si no participaron directamente del hecho criminal. La pena correspondiente al delito más grave cometido por la banda se podrá aplicar a todos sus integrantes, por el solo hecho de formar parte de ella.
Además, la ley contempla la creación de Comisiones Investigadoras Conjuntas para casos que atraviesen varias jurisdicciones. En esos contextos, fiscales nacionales y provinciales coordinarán tareas junto a unidades especializadas.
Otra novedad es la posibilidad de detener a sospechosos por hasta 48 horas con causa fundada, y en investigaciones por delitos transnacionales, la retención puede extenderse hasta 15 días, con autorización judicial. También se habilita el secuestro de mercadería sospechada de estar vinculada a ilícitos y se prevén allanamientos en unidades penitenciarias.
Con esta implementación, Rosario se convierte en el primer laboratorio de una herramienta legal que promete reforzar la respuesta estatal frente a redes delictivas que operan con lógica mafiosa.
