La Cámara Federal de Rosario dejó sin efecto el procesamiento de cinco exdirectivos de la empresa Aguas Santafesinas S.A. (Assa), en el marco de una investigación que buscaba determinar su responsabilidad en el vertido de líquidos sin tratar al río Paraná. La decisión fue tomada por la sala A del tribunal, integrada por los jueces Silvina Andalaf Casiello y Aníbal Pineda, a través de una resolución de 21 páginas que revoca la medida impuesta en mayo por el juez federal Carlos Vera Barros.
El caso, iniciado tras una denuncia presentada en 2021 por una organización ambiental, señalaba a los exdirectivos como responsables de la descarga de aproximadamente 350 millones de litros diarios de efluentes cloacales e industriales sin tratamiento desde la Planta de Recepción Emisario Sur. Este vertido era considerado una amenaza para la salud pública y el ecosistema del Paraná, según había indicado el juez Vera Barros en su fallo inicial.
Sin embargo, en su nueva resolución, los magistrados señalaron que los efluentes cloacales no pueden ser catalogados como “residuos” bajo la definición de la Real Academia Española, que los describe como “aquello que resulta de la descomposición o destrucción de algo; el material que queda como inservible después de un proceso productivo”. Según este argumento, el tribunal concluyó que los efluentes no encajan en dicha definición y, por lo tanto, no constituyen un elemento residual en el marco de esta causa penal.
A pesar de esta decisión, los jueces remarcaron que la resolución no excluye la posibilidad de llevar a cabo otros procesos administrativos o económicos orientados a prevenir daños ambientales, sancionar a los responsables en caso de negligencia o reparar los daños causados al entorno natural.
La medida benefició directamente a Hugo Morzán, Marisa Gallina, Alfredo Menna, Darío Corsalini y Gustavo Actis, exdirectivos de Assa que habían sido procesados por su presunta responsabilidad en la gestión de los vertidos al río.
El caso, no obstante, ha vuelto a poner en foco la gestión de los recursos hídricos y los posibles impactos ambientales que podrían derivarse de operaciones deficientes. Si bien la resolución de la Cámara Federal cierra este capítulo judicial, la discusión en torno a las responsabilidades ambientales de empresas y funcionarios sigue abierta en la provincia.
