Tras la aprobación parlamentaria de la reforma laboral impulsada por el oficialismo, la CGT decidió cambiar el frente de batalla: este lunes se movilizó hasta Tribunales y presentó dos acciones judiciales para impugnar la norma, una en el fuero del Trabajo y otra en el contencioso administrativo, con el objetivo de suspender su vigencia o lograr su invalidación.
La central obrera busca que la Justicia revise artículos que, según su planteo, afectan derechos laborales y sindicales.
La estrategia marca un giro: en lugar de insistir con nuevos paros inmediatos, la conducción sindical eligió apostar a una judicialización rápida para bloquear la aplicación del paquete aprobado.
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