La situación de las personas que viven en la calle volvió a instalarse en el debate público luego de que distintos sectores cuestionaran los resultados del relevamiento realizado por el Gobierno nacional y reclamaran la elaboración de un nuevo diagnóstico con participación de universidades, organizaciones sociales, iglesias y gobiernos locales.
Desde los espacios que trabajan diariamente con esta población sostienen que contar con cifras precisas es un paso indispensable para diseñar políticas públicas efectivas y dar respuestas a una problemática que se profundiza año tras año.
El concejal Leonardo Caruana advirtió que las estadísticas oficiales no reflejan la magnitud real del fenómeno y cuestionó la metodología utilizada para elaborar el relevamiento nacional difundido este año.
“Estamos hablando de una población que históricamente ha sido invisibilizada. Si se pretende construir una política pública seria, lo primero que se necesita es un diagnóstico real y consensuado sobre cuántas personas atraviesan esta situación”, señaló en diálogo con VersiónRosario.
Según explicó, uno de los principales cuestionamientos apunta a que el relevamiento nacional dejó afuera a varias provincias y no contempló a sectores que la legislación vigente considera parte de la problemática habitacional, como personas alojadas en hogares transitorios, instituciones o establecimientos penitenciarios que se encuentran en riesgo de terminar viviendo en la calle.
En Rosario, la discusión también gira en torno a las diferencias entre los distintos registros existentes. Mientras algunas cifras oficiales ubican el número de personas en situación de calle en torno a las 430, desde el propio municipio reconocen una cantidad superior a las 800. Las organizaciones sociales que intervienen directamente en el territorio elevan esa estimación a entre 1.200 y 1.500 personas.
Para los referentes del sector, estas diferencias demuestran la necesidad de construir un relevamiento más amplio y participativo que permita dimensionar con mayor precisión el problema.
Caruana sostuvo que la elaboración de un nuevo diagnóstico debería involucrar a todos los actores vinculados a la temática. “Es necesario convocar a los gobiernos locales, las universidades, las iglesias, los distintos credos y las organizaciones que trabajan cotidianamente con esta población. Un problema complejo no puede analizarse entre pocos ni detrás de un escritorio”, afirmó.
El reclamo se produce en un contexto de creciente demanda social y dificultades económicas que, según organizaciones especializadas, incrementan los riesgos de exclusión habitacional y amplían el universo de personas vulnerables.
Los impulsores de la iniciativa consideran que una actualización de los datos permitiría mejorar la planificación de dispositivos de asistencia, programas de inclusión y políticas de acceso a la vivienda, además de visibilizar una problemática que muchas veces permanece fuera de las estadísticas oficiales.
