El Gobierno nacional aceleró a fondo con la reglamentación de la reforma laboral y le dio un durísimo golpe a las cajas sindicales. A través del Ministerio de Capital Humano, la gestión de Javier Milei anunció este jueves que amplió de 150 a 446 la cantidad de convenios colectivos de trabajo que deberán renegociarse por la fuerza.
La jugada, comandada por el secretario de Trabajo Julio Cordero, intima a empresarios y gremialistas a sentarse a rediscutir las condiciones de trabajo y, fundamentalmente, las cuotas solidarias o aportes compulsivos que los empleados no afiliados le pagan a los sindicatos.
La masiva convocatoria se ampara en la aplicación estricta de la Ley de Modernización Laboral, que dinamitó el principio de ultraactividad. Hasta ahora, esta norma garantizaba que un convenio colectivo vencido seguía vigente de por vida hasta que se firmara uno nuevo, protegiendo los derechos adquiridos.
Con las nuevas reglas de juego, las cláusulas que definen condiciones laborales se mantienen, pero los aportes especiales y las cuotas solidarias que financian a los gremios se caen automáticamente apenas venza el convenio si no hay un nuevo acuerdo firmado.
Desde el Gobierno argumentaron que el objetivo de la medida es “fortalecer la negociación colectiva” y lograr que los acuerdos entre trabajadores y empresas se adapten a la “realidad productiva” de la actualidad.
Intromisión “inaceptable” para la CGT
La respuesta de la central obrera no se hizo esperar. Un día después de que se conociera el decreto reglamentario, la CGT rechazó de cuajo la medida oficial y denunció que el Poder Ejecutivo busca “avanzar sobre los derechos y la libertad sindical”.
“Estas decisiones constituyen una inaceptable intromisión en la vida interna de las organizaciones gremiales”, disparó la central en un duro comunicado.
Además, advirtieron que judicializarán la medida al considerar “inadmisible” que se aplique una normativa cuya constitucionalidad todavía se está debatiendo en los tribunales.
