Hay extrema preocupación en el ámbito penal luego de que se descubriera que cuatro pistolas 9 milímetros que estaban guardadas en un cajón sin llave en una dependencia del Centro de Justicia Penal fueron robadas durante la feria judicial de enero. El caso trascendió en las últimas horas y ya es investigado por la fiscal de la Unidad de Violencia Institucional, Paola Aguirre.
Según indicaron fuentes del Ministerio Público de la Acusación (MPA), las armas sustraídas eran parte de la evidencia exhibida en un juicio oral y público sobre un caso de homicidio, cuya sentencia se conoció 1º de diciembre de 2021. En esa oportunidad fueron condenados a 20 años de cárcel a Víctor y Franco Villarruel, dos hermanos policías que fueron declarados culpables por la muerte de Matías Sosa.
Los voceros indicaron que en ese fallo se dispuso la destrucción de dos armas de fuego, que fueron las que se utilizaron en el crimen, y la devolución al Ministerio de Seguridad de dos pistolas reglamentarias que no habían tenido relación con el hecho. A partir de ese momento, los artefactos quedaron en poder de la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) que funciona en el primer piso del Centro de Justicia Penal, para ser derivadas al MPA.
