La ampliación de la planta potabilizadora de Aguas Santafesinas en Granadero Baigorria volvió a quedar en una situación delicada por la falta de fondos nacionales. El gobierno de Santa Fe advirtió que Nación acumula varios meses sin pagar certificados de obra, lo que ya impacta en el ritmo de los trabajos y en la continuidad operativa del proyecto.
El ministro de Obras Públicas provincial, Lisandro Enrico, sostuvo que la deuda ronda los $800 millones y corresponde a certificados de noviembre, diciembre, enero y febrero. Según explicó, el incumplimiento afecta a las dos obras que el gobierno nacional mantiene activas en Santa Fe: la planta de Baigorria y la planta potabilizadora de la capital provincial.
La obra es estratégica para el sistema de agua potable del área metropolitana de Rosario. El proyecto contempla construir una planta “espejo” de la actual, inaugurada en 2015, con capacidad para producir 6 mil metros cúbicos de agua por hora. Esa ampliación permitirá reforzar el servicio en Granadero Baigorria, Capitán Bermúdez, San Lorenzo y barrios del norte rosarino, además de proyectar mejoras para más de 500 mil vecinos del oeste de Rosario y el Gran Rosario.
El nuevo freno se suma a una historia de avances y paralizaciones. Los trabajos comenzaron en 2022, pero ya habían sufrido interrupciones por demoras en los desembolsos del Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento. En 2025 la obra había retomado impulso luego del giro de unos $4 mil millones y se estimaba una finalización para junio de 2027.
Desde la Provincia cuestionaron que la falta de pagos no sólo retrasa la infraestructura, sino que también pone en riesgo puestos de trabajo y obliga a las empresas a reducir actividad. Enrico remarcó que, cuando una obra está en marcha, la contratista debe sostener personal, seguros, obrador y costos operativos, algo que se vuelve inviable si los fondos no llegan.
El reclamo se inscribe en una tensión más amplia entre Santa Fe y la Nación por la obra pública. El gobierno provincial sostiene que viene asumiendo responsabilidades nacionales en rutas, infraestructura urbana y obras emblemáticas, mientras exige que Casa Rosada cumpla los compromisos ya firmados.
