La investigación por el escándalo de $LIBRA sumó un nuevo capítulo político luego de que sectores de la oposición anunciaran una ofensiva directa contra el fiscal Eduardo Taiano. Los diputados que siguen el caso resolvieron avanzar con una denuncia ante el Tribunal de Disciplina del Ministerio Público Fiscal y pedir su apartamiento, al considerar que entorpeció las facultades investigativas del Congreso y podría haber incurrido en encubrimiento.
La avanzada no se limita al fiscal. También anticiparon un pedido de informes dirigido al Poder Ejecutivo para que Javier Milei, Karina Milei, Santiago Caputo y Demian Reidel den explicaciones sobre sus comunicaciones con el empresario Mauricio Novelli, uno de los nombres centrales del expediente. A eso se suma el impulso de una interpelación a Manuel Adorni y a la propia Karina Milei por su presunta intervención en reuniones y contactos previos y posteriores al lanzamiento del token.
El planteo opositor tomó aún más volumen por la situación de la periodista y abogada Natalia Volosin, cuya citación como testigo en la causa terminó siendo dejada sin efecto por Taiano. La propia Volosin informó públicamente que había sido notificada de la suspensión de su declaración prevista para el 17 de marzo y vinculó el episodio con una presión judicial derivada de sus revelaciones sobre documentación sensible del caso.
En paralelo, los legisladores denunciaron que lo ocurrido con Volosin configura un avance preocupante sobre la libertad de prensa y el secreto de las fuentes periodísticas. En esa línea, exhortaron al Poder Judicial a frenar cualquier citación o requerimiento dirigido contra periodistas por la difusión de información vinculada al expediente.
Con este nuevo movimiento, la causa $LIBRA ya no enfrenta solo un frente judicial, sino también una creciente presión institucional y parlamentaria. La oposición busca transformar las revelaciones recientes en una ofensiva política más amplia, con foco en el papel de la fiscalía y en las responsabilidades del entorno presidencial.
