La Empresa Provincial de la Energía (EPE) dio de baja a más de 15.000 usuarios que accedían a la tarifa social en Santa Fe, tras detectar irregularidades y posibles fraudes en sus declaraciones juradas. La presidenta del organismo, Anahí Rodríguez, informó que además de quitar el beneficio, se presentarán denuncias penales ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA).
El programa está destinado a hogares de bajos ingresos, pero el control iniciado hace 18 meses reveló declaraciones falsas y consumos incompatibles con el perfil subsidiado. Se detectaron usuarios fallecidos, propiedades en barrios de alto poder adquisitivo, comercios, y personas inscriptas en IVA y Ganancias. En Funes, por ejemplo, un usuario pagó apenas $17.000 de una factura de $720.000; el resto fue cubierto por el Estado.
La EPE advirtió que intensificará los controles para asegurar una asignación justa de los recursos públicos. “No vamos a permitir abusos financiados con el esfuerzo de todos los santafesinos”, subrayaron desde la empresa, al tiempo que remarcaron la necesidad de proteger el acceso a la energía para quienes realmente lo necesitan.
