La posibilidad de un nuevo recorte en la red de atención presencial del sistema financiero encendió luces rojas en el gremio bancario. La seccional Rosario de La Bancaria se declaró en “estado de alerta y movilización” ante la información de que Santander —ex Banco Río— avanzaría con el cierre de sucursales en distintos puntos del país, incluyendo dos dentro del ámbito regional.
“Tenemos mucha preocupación por la defensa de los puestos de trabajo”, sostuvo Sergio Rivolta, referente de La Bancaria Rosario, en diálogo con VersiónRosario. Según detalló, la organización sindical recibió en una reunión con la Comisión Interna datos sobre un plan nacional de la entidad que contemplaría el cierre de 36 sucursales en Argentina. De ese total, dos corresponderían a la seccional Rosario, que abarca una amplia franja territorial desde Rosario hasta Villa Constitución y localidades del cordón industrial.
En la región, Santander cuenta con 14 sucursales: siete en Rosario y otras en San Lorenzo, Casilda, Villa Constitución, Arroyo Seco, Funes, Pérez y Puerto San Martín. De acuerdo con la información que maneja el sindicato, las sucursales que estarían en la mira son Pérez y Puerto San Martín, con una fecha tentativa de cierre a mediados de marzo.
Aunque Rivolta aclaró que no existe una confirmación formal, señaló que el proceso ya estaría en marcha: “Están informando a los clientes que serán trasladados”. En el caso de Pérez, la operatoria pasaría a la sucursal de Fisherton, mientras que los clientes de Puerto San Martín serían derivados a San Lorenzo.
El foco del conflicto, sin embargo, no está solo en el reordenamiento de clientes sino en el destino del personal. En esas dos sucursales trabajan ocho personas: cuatro en Pérez y cuatro en Puerto San Martín. La postura del gremio es clara: exigen reubicación dentro de la red que permanecería abierta y rechazan cualquier salida “forzada” por la vía de retiros supuestamente voluntarios.
“Con las sucursales que quedan abiertas se los puede reubicar sin problemas”, afirmó Rivolta. Y agregó una advertencia que el sindicato viene repitiendo cada vez que aparece este tipo de procesos: “No vamos a aceptar que sean presionados por un retiro que de voluntario no tiene nada”.
El tema ya escaló a nivel nacional. La Bancaria informó que realizó una denuncia ante la Secretaría de Trabajo por la situación en todo el país. La agenda marca un hito inmediato: el 5 de febrero se realizará una audiencia en Buenos Aires y, a partir de ese resultado, el gremio evaluará medidas gremiales de alcance nacional.
La seccional Rosario sostiene que el escenario que plantearía Santander sería “atípico” frente a lo que ocurre en otras entidades. Rivolta explicó que en Santa Fe y la región ya se registraron cierres de sucursales durante el inicio de 2026, incluso en bancos de gran presencia territorial, pero con una constante: la reubicación del personal. Mencionó como ejemplo al Banco Macro, donde —según dijo— se cerraron sucursales en el interior, pero los trabajadores fueron reubicados, y en algunos casos se produjeron salidas por jubilación, sin cesantías.
El argumento empresario que suele aparecer detrás de estos recortes es el mismo: la digitalización, el crecimiento de las apps y la migración de operaciones a canales virtuales. Rivolta no negó el cambio tecnológico, pero lo puso en contexto: “La pandemia aceleró el uso del celular y las aplicaciones, pero el trabajo bancario se reconvirtió toda la vida y sigue siendo posible seguir trabajando en los bancos”.
Además, vinculó el fenómeno con una experiencia cotidiana que, según planteó, desarma la idea de “sobrante” de personal: las demoras en la atención presencial. “Muchas veces cuando uno va al banco tiene que esperar más de lo habitual. Eso indica falta de trabajadores”, remarcó.
Con ese diagnóstico, el sindicato busca fijar una línea de defensa: que no haya despidos y que, si hay cierres, se garantice la continuidad laboral mediante reubicaciones en sucursales activas. En el caso de la región, La Bancaria subraya que, aun con dos cierres, quedarían 12 sucursales abiertas dentro de la jurisdicción, por lo que considera viable absorber al personal sin pérdida de puestos.
Mientras tanto, la seccional mantiene el estado de alerta y espera definiciones tras la audiencia del 5 de febrero. En un sector atravesado por la transformación digital, el gremio se prepara para discutir un punto que considera irrenunciable: que la modernización no se traduzca en presión sobre los trabajadores ni en “retiros” empujados por la necesidad.
