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Política

Irán advirtió represalias por la decisión del Gobierno nacional en declarar terrorista a la Fuerza Quds

Teherán calificó la medida impulsada por el gobierno de Javier Milei como “inaceptable” y “peligrosa”. 

En lo que puede ser un nuevo episodio de tensión diplomática entre ambos países, Irán repudió la decisión del Gobierno de Milei de incorporar a la Fuerza Quds, unidad de élite de la Guardia Revolucionaria, al listado de organizaciones terroristas. Desde Teherán calificaron la medida como contraria al derecho internacional y anticiparon que habrá una respuesta por parte de su Estado.

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El vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Ismail Baghaei, sostuvo que resulta “inaceptable” considerar terrorista a una fuerza que forma parte de las estructuras oficiales de defensa de un país y advirtió que la decisión adoptada por la Casa Rosada tendrá consecuencias.

Durante este fin de semana, el Gobierno nacional oficializó la declaración de la Fuerza Quds como organización terrorista. La medida fue comunicada por la Oficina del Presidente, que argumentó que “el grupo se dedica al entrenamiento y apoyo de acciones armadas fuera de las fronteras iraníes y representa una amenaza para la seguridad internacional”.

En el texto difundido por el Ejecutivo, se señaló que uno de los referentes de la fuerza, Ahmad Vahidi, fue vinculado a los atentados contra la Embajada de Israel en 1992 y la AMIA en 1994, hechos que marcaron a la Argentina como víctima del terrorismo internacional.

Según se informó, la decisión fue adoptada de manera conjunta con los ministerios de Seguridad y Justicia, y la Secretaría de Inteligencia del Estado, con el objetivo de reducir la capacidad de operación e influencia de la organización en el país.

Con la resolución, la Fuerza Quds fue incorporada al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). Esto implica la aplicación de sanciones financieras, restricciones operativas y controles destinados a prevenir maniobras de financiamiento ilícito y proteger el sistema financiero argentino.

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