Un grupo de aproximadamente doce familias presentará sus testimonios ante el Concejo Municipal de Rosario este lunes al mediodía. Las víctimas y allegados reclaman que se sancionen leyes específicas para fortalecer el control de los medicamentos de alto riesgo, luego de lo que califican como una crisis sanitaria colectiva.
La audiencia, convocada por la comisión investigadora que analiza el caso de fentanilo contaminado, se desarrollará en Rosario, lejos de la habitual sede de las sesiones en la ciudad de Buenos Aires. Las familias quieren exponer lo vivido y empujar al legislativo a tomar decisiones que eviten que se repita una situación de esta magnitud.
El origen del escándalo se remonta a un lote del fentanilo producido por HLB Pharma que, al ser aplicado en unidades de terapia intensiva, fue vinculado a infecciones graves por bacterias como Klebsiella pneumoniae y Ralstonia spp.. El brote registró al menos 124 afectados, de los cuales más de 30 eran pacientes de la ciudad de Rosario.
Una de las voces que será escuchada es la de Ivana Esteban, hija de una mujer que falleció luego de recibir ese fármaco. Relata que su mamá ingresó al hospital por una erisipela y murió por un paro cardiorrespiratorio luego de contraer una bacteria resistente. Según Ivana, recién tras la muerte le informaron que la bacteria era Klebsiella —identificada tras comprobarse su presencia en las ampollas contaminadas—. Su testimonio forma parte del listado de quienes van a hacer uso de la palabra en el Concejo Municipal.
El listado de demandas de las familias es amplio: solicitan una ley que obligue a la trazabilidad digital de todos los medicamentos de riesgo, la creación de un sistema nacional de alerta temprana para fallas o contaminación, la digitalización de los registros sanitarios, y un refuerzo de las capacidades de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) para supervisar con mayor eficacia. Además, piden sanciones más duras para laboratorios y establecimientos que oculten o falsifiquen información sobre producción o distribución.
El fin de la comisión, cuya resolución le da vida, es presentar un informe final antes del 9 de diciembre. Este documento debe detallar las omisiones que permitieron lo ocurrido y proponer proyectos de ley para subsanar las fallas detectadas. La jornada de este lunes se perfila como un momento clave para dar visibilidad institucional a las víctimas, poniendo el foco en que esta tragedia —más allá de un laboratorio o unos lotes— fue un hecho estructural, donde falló el sistema de control, la regulación y la transparencia.
