La Empresa Provincial de la Energía (EPE) detectó irregularidades entre los usuarios beneficiarios de la tarifa social. Entre los casos detectados se encuentran suministros vinculados a personas fallecidas, inmuebles en alquiler, locales comerciales y hasta propiedades ubicadas en barrios de alto valor inmobiliario.
Además de los casos mencionados, se identificaron situaciones que evidencian el mal uso del espíritu del beneficio:
– El consumo promedio de un hogar ronda los 700/800 kW bimestrales. Sin embargo, se detectaron consumos de hasta 6.500 kW en barrios residenciales, con facturas por $1.477.057. En ese caso, el usuario pagó $1.028.237, mientras que el Estado debió cubrir $448.820 como parte del subsidio.
- En Funes, un usuario con tarifa social consumió 3.000 kW y pagó sólo $17.584 sobre un total de $720.000, lo que obligó al Estado a subsidiar $703.083.
– Solamente en uno de los circuitos de medición, durante el mes de abril, se registraron 13 usuarios con tarifa social y consumos superiores a los 5.000 Kw, con facturas que oscilaron entre $1.000.000 y $1.500.000. En total, el Gobierno provincial debió compensar $ 4.681.000.
También se detectaron beneficiarios registrados tributariamente ante ARCA como Responsables Inscriptos, es decir, personas que desarrollan actividades económicas, tributan en el régimen general y deben liquidar impuestos como IVA y Ganancias.
Las irregularidades detectadas también incluyeron casos, en donde personas jubiladas a quienes se les había asignado la tarifa social, ya no se encontraban viviendo en el domicilio declarado.
En los próximos días se van a intensificar los controles para garantizar el uso adecuado del beneficio, que tiene como objetivo asegurar el acceso a un consumo eléctrico residencial razonable y eficiente para los hogares de menores ingresos.
Subsidio
El objetivo del programa de Tarifa Social es garantizar el acceso a un consumo eléctrico residencial razonable y eficiente para los hogares de menores ingresos. La diferencia entre lo que paga un usuario con tarifa social y el costo real del servicio es absorbida por el Estado provincial. Por este motivo, los controles implementados buscan eficiencia en la asignación de recursos públicos y justicia distributiva, para evitar que los excesos de unos sean financiados por el esfuerzo de todos los santafesinos.
