La pulseada por la implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad sumó un nuevo capítulo con una advertencia directa de la Justicia al Gobierno nacional. En una resolución dictada en plena feria judicial, un juez federal estableció que la norma debe estar “en plena ejecución” desde el 4 de febrero y le ordenó al Estado que demuestre avances concretos en su cumplimiento.
La decisión incluyó una intimación formal: el Ejecutivo deberá informar y acreditar en un plazo de cinco días cuáles fueron los pasos adoptados para aplicar la ley. La exigencia apunta a que no se trate solo de anuncios o declaraciones, sino de documentación respaldatoria que pruebe la puesta en marcha de los mecanismos previstos.
El pronunciamiento judicial llegó luego de una apelación presentada por el Gobierno en diciembre. Con este nuevo fallo, la Justicia buscó acelerar los tiempos y evitar que la norma quede, una vez más, atrapada en demoras administrativas o disputas políticas.
La Ley de Emergencia en Discapacidad, impulsada tras múltiples reclamos de familias, prestadores y organizaciones, busca garantizar continuidad en prestaciones, cobertura y respuestas del Estado. En ese marco, la resolución judicial reavivó la presión sobre el Ejecutivo para que pase del plano formal a la implementación efectiva.
