El viernes pasado, el juez Gastón Salmain, titular del Juzgado Federal N° 1 de Rosario, quedó procesado y embargado en la causa de corrupción que ventiló un arrepentido. Está acusado de otorgarle un amparo al financista Fernando Whpei para la compra de 10 millones de dólares mientras había cepo, a precio oficial, a cambio de una coima basada en la brecha con el dólar blue que en ese momento costaba el triple.
La orden de detención en su contra no avanzó porque tiene fueros (el Consejo de la Magistratura analizará su destitución durante la feria de enero) pero se le impidió salir del país negándole tomar un vuelo con destino a Europa con fecha para ese mismo viernes.
La maniobra ilícita que intentan probar los fiscales de Delitos Complejos para llevarlo a juicio es apenas una pieza más dentro de un entramado de corrupción fenomenal que involucra a funcionarios y empresarios de todo el territorio provincial.
Sin el pan y sin la torta
Según la investigación que lleva adelante el fiscal Javier Arzubi Calvo, a cargo de Delitos Complejos en la Unidad Fiscal Rosario, el pedido de coima por el que acaban de procesar al juez Salmain se remonta a septiembre de 2023 e involucra a otras dos personas que también fueron procesadas por cohecho.
Por un lado el financista rosarino Fernando Whpei (imputado arrepentido en esta y otras causas de corrupción judicial), quien habría acordado con el juez Salmain una coima cercana a los 200 mil dólares a cambio del amparo para comprar 10 millones de dólares a valor oficial; y por otro lado el escribano santafesino Santiago Busachine, señalado como intermediario entre ambos por ser quien “apadrinó” a Salmain para que sea juez federal, designación que obtuvo cinco meses antes de la maniobra por la que está siendo investigado.
Según el procesamiento del juez Carlos Vera Barros, entre los tres hubo llamados y reuniones que demuestran cómo se montó el presunto ilícito y también cómo se frustró a fines de 2023 por motivos ajenos a las partes, tras la asunción del presidente Javier Milei y la devaluación que redujo la brecha cambiaria.
De esa manera, como el monto del soborno estaba pautado en un porcentaje de la ganancia de la operación, entre la diferencia del dólar oficial y el blue (según la investigación un 10 por ciento) la cifra a pagar se redujo de 200.000 a 19.000 dólares. Y ese fue el principio del fin.
Encuentros y llamados
En su descargo y bajo la figura de arrepentido, el financista Fernando Whpei declaró que tenía una deuda gestionada por Attila Fideicomisos SRL y necesitaba girar dinero al exterior, pero las regulaciones del Banco Central le restringían el acceso al dólar oficial. Dijo que por eso recurrió al escribano Busaniche para que haga de intermediario con Salmain porque era quien lo había promovido como juez.
Para los fiscales, la verdadera intención de Whpei era sacar del país 10 millones de dólares “mediante la manipulación contraria a derecho de un expediente judicial”. No obstante pudieron armar el caso a partir de su testimonio, cotejando los llamados y encuentros que declaró el financista con la geolocalización de los celulares, que son coincidentes con las fechas y lugares ventilados.
Así dieron por entendido que los primeros días de octubre de 2023, Whpei mantuvo dos reuniones personales con el juez Salmain, dentro de su despacho de Entre Ríos al 700 de Rosario.
Según la acusación, en las mismas conversaron cuestiones técnicas del amparo a presentar y pautaron que en adelante las conversaciones continuarían a través del escribano Busaniche.
De acuerdo con esa cronología siguieron llamados y encuentros entre Whpei y Busaniche en un bar y un hotel de la Ciudad de Buenos Aires, donde se pautó el monto del soborno.
En noviembre el juez Salmain le dio curso al amparo y el 5 de diciembre de 2023 ordenó al Banco Central que permitiera el acceso a los fondos para transferirlos a una cuenta en los Países Bajos. Todo parecía haber salido como lo planeado.
Sin embargo, una semana después la devaluación frustró el negocio. Según la Fiscalía, las reuniones entre ambos comenzaron a subir de tono alrededor del monto del soborno que, al bajar la brecha cambiaria no llegaba ni a 20 mil dólares, hasta que finalmente le dijeron que si no pagaba una cifra cercana a los 200.000 dólares como se había calculado en un comienzo lo iban a denunciar. Y así fue.
En abril de 2024, el juez Salmain se declaró incompetente en el amparo de los 10 millones de dólares y le pidió al Ministerio Público Fiscal que investigue una eventual estafa procesal advirtiendo que en su momento no se había percatado de que la empresa había utilizado documentación falsa para solicitar el amparo.
Para entonces, el magistrado ya estaba en la mira en el marco de una megacausa que investiga a varios funcionarios, empresarios y sindicalistas de Santa Fe. El viernes pasado, el juez federal y colega Carlos Vera Barros ordenó la prisión preventiva de Salmain por los delitos de cohecho, prevaricato e incumplimiento de deberes de funcionario público. La detención no se hizo efectiva porque posee inmunidad de arresto por su cargo.
Por su parte, Whpei fue procesado como autor de cohecho activo y Busaniche como partícipe secundario del mismo delito. Los embargos sobre cada uno de los imputados ascienden a los 200.000 dólares.
Corrupción a gran escala
El financista Fernando Whpei también optó por la figura de arrepentido en otras causas de corrupción judicial que lo tienen como protagonista. Entre ellas algunas que involucran al ex juez Marcelo Bailaque (renunció a su cargo y cumple prisión domiciliaria) cuando estaba a cargo del Juzgado Federal N° 4 de Rosario, como la intervención de fondos por mil millones de pesos de la Cooperativa de Trabajos Portuarios Limitada de Puerto General San Martín y San Lorenzo en favor de una financiera cuyo titular era su amigo Whpei. O la extorsión a empresarios rosarinos mediante denuncias falsas a cambio de sacarles dinero, en connivencia con Carlos Vaudagna, ex titular de la AFIP en las delegaciones de Rosario y Santa Fe entre 2014 y 2020.
El “caso Vaudagna” se conoce por ese nombre porque también el ex agente AFIP declaró como arrepentido y a partir de sus dichos se abrieron investigaciones en Rosario, Reconquista y Santa Fe que tienen bajo la mira a empresarios mediáticos, financistas, funcionarios judiciales, directivos de la aceitera Vicentin, abogados y sindicalistas.
