El Gobierno de Santa Fe denunció penalmente a la organización civil católica Grávida por obstaculizar una ILE que se le practicaría a la niña de 12 años abusada por su padre.
Desde la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad de la provincia, se presentó un comunicado oficial ante la Unidad Fiscal de Violencia de Género, Familiar y Sexual (Gefas) “por el caso de la niña de 12 años abusada a quien se le intentó impedir su derecho a decidir” y “a los efectos de que se inicie la investigación penal preparatoria que permita dilucidar las correspondientes responsabilidades”, según dice el parte de prensa que se conoció en la tarde de este lunes.
El Gobierno de Santa Fe, a través de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social; el Ministerio de Salud; y el Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad, en los términos del art. 262 del Código Procesal Penal de Santa Fe y art. 263 del mismo código y en cumplimiento del Artículo 64 de la Ley Provincial N° 12.967, presentará ante la Justicia toda la información concerniente a las intervenciones en el caso de la niña de 12 años abusada en la cual se habría intentado obstaculizar una ILE por parte de personas pertenecientes a la ONG Grávida”, comienza diciendo el comunicado.
En párrafos posteriores se indica que “la actuación del Estado comprendió acciones de contención y asesoramiento a la niña y a su madre, que tuvo como eje central la acción de informar acerca de las opciones legales que nuestro marco normativo prevé para los casos de embarazos producto de violaciones en niñas y adolescentes. Estrategia que se reconfiguró cuando la niña y su madre dieron su consentimiento informado para proceder a una interrupción legal del embarazo”.
“Será una tarea del organismo competente determinar el accionar y la tipificación penal -si correspondiera- de los hechos que se introdujeron en el escrito y que obran en los relatos de todas las personas y profesionales intervinientes en dicha situación. Pero no puede escapar a la institucionalidad del Estado Provincial el accionar de personas de una asociación civil que de manera explícita se sustraen a las intervenciones legales de las agencias del Estado obstruyendo, de esa manera, el ejercicio de los derechos de una niña”, termina el comunicado.
