El Estado nacional declaró la emergencia en materia de discapacidad con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, mediante la sanción de la Ley 27.793, que fue finalmente promulgada tras el rechazo del veto presidencial en la Cámara de Diputados y luego confirmado por el Senado. Esa decisión quedó plasmada en el Decreto 681/2025.
El nuevo marco legal busca garantizar derechos fundamentales de personas con discapacidad, alineándose con la Convención Internacional correspondiente. Abarca medidas como pensiones no contributivas, mejoras en atención sanitaria y respaldo financiero para los prestadores que funcionan bajo la ley vigente que regula los servicios en esta área.
Aunque la norma ya está firme, su ejecución tiene un condicionamiento: se aplica una cláusula que exige determinar la fuente de financiamiento para poder activar todos los artículos. En tanto, el gobierno ajustó el presupuesto nacional mediante una decisión administrativa para cubrir gastos urgentes vinculados con esta emergencia, sin afectar partidas sociales esenciales.
El decreto también dispone que la Agencia Nacional de Discapacidad será la autoridad encargada de llevar adelante las nuevas disposiciones legales. Para ello, se dispone que el Congreso incluya los montos necesarios en el presupuesto general para asegurarse de que haya recursos disponibles en los plazos fijados.
El monto inicial para responder a estas funciones se fija en más de dos billones de pesos, recurso que fue autorizado por el Ejecutivo nacional a partir de los créditos disponibles hasta ahora, siempre bajo la premisa de no desfinanciar los servicios sociales.
El gobierno sostiene que, a pesar del retraso en la definición de las fuentes de financiamiento, este paso institucional es significativo para las organizaciones y personas que aguardaban que se cumplieran los compromisos legales.
