Este viernes, el gobierno nacional presentará un decreto para implementar el Régimen de Reparación Federal, una medida destinada a resolver las deudas históricas entre Nación y provincias. Este convenio, propuesto por el Ejecutivo, será opcional para los distritos y permitirá a las provincias adherirse para simplificar los pasivos acumulados.
El vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, explicó en conferencia de prensa que el nuevo régimen también contempla la posibilidad de cancelar deudas a través de la entrega de bienes como tierras, empresas o rutas. “El objetivo es caminar junto con los gobernadores hacia un verdadero federalismo, para que las provincias también puedan conducir su propio destino”, señaló Catalán, aludiendo a la necesidad de un “borrón y cuenta nueva” en las relaciones financieras entre los distritos y el Estado nacional.
Catalán destacó que esta iniciativa responde a una visión del presidente de fomentar un orden financiero más federal en el país. La propuesta del Régimen de Reparación Federal se establecerá como una mesa de diálogo donde los gobernadores tendrán la libertad de plantear soluciones para sus deudas. Además, podrán unificar las deudas provinciales con las obligaciones que Nación tiene hacia ellos, en un esfuerzo por alcanzar acuerdos de compensación y conciliación.
Con la entrada en vigencia del decreto, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires tendrán un plazo de 30 días para manifestar su adhesión, mientras que contarán con 60 días adicionales para presentar la documentación que respalde la legitimidad de las deudas a incluir en el sistema de compensación.
“El ordenamiento macroeconómico y el equilibrio fiscal son pilares de nuestro Gobierno, y estamos invitando a todos los gobernadores a mirar hacia el futuro y trabajar juntos”, declaró Catalán. El funcionario destacó la importancia de “un verdadero federalismo” en el cual el crecimiento de las provincias no se vea limitado por el centralismo.
Por último, el decreto indica que los saldos de deuda entre Nación y las provincias serán cancelados conforme a los acuerdos individuales entre cada distrito y el Estado. En caso de que el saldo sea favorable para Nación, las provincias podrán cancelar sus deudas afectando un porcentaje de los recursos que reciben por coparticipación.
