Desde La Libertad Avanza (LLA) anunciaron que, en caso de que la Justicia electoral no apruebe la reimpresión de boletas con el reemplazo de José Luis Espert por Diego Santilli, apelarán la decisión. La medida llega en un contexto de fuerte tensión política y jurídica, dado que la normativa electoral y las interpretaciones legales se hallan en pugna.
El anuncio coincide con la convocatoria a una audiencia en la Junta Electoral, donde los partidos que participarán de los comicios del 26 de octubre deberán pronunciarse sobre la propuesta de reimpresión. El gobierno nacional impulsará la modificación, aunque deberá justificar el financiamiento, los plazos y los procedimientos involucrados.
En los círculos oficiales ya se analiza la postura que tomará el juez Alejo Ramos Padilla respecto del pedido. Algunas fuentes anticipan que el magistrado podría rechazar la moción por exceder el calendario electoral o porque la reimpresión podría vulnerar el principio de igualdad entre partidos. En ese escenario, el Ejecutivo buscaría revertir la medida en instancias superiores.
La oposición rechazó reiteradamente la iniciativa. Argumentan que reimprimir solo para favorecer un cambio en la boleta podría romper el equilibrio entre partidos y romper las reglas de austeridad electoral establecidas por la ley. Advierten que permitir un reemplazo luego de cerrarse las listas abre la puerta a precedentes peligrosos para futuras elecciones.
El costo estimado de la reimpresión también se volvió un foco de debate: según cálculos preliminares, bordearía los 10.000 millones de pesos. Parte del conflicto gira en torno a quién deberá asumir ese gasto: el partido político que solicitó la modificación o el Estado. Desde LLA podrían pedir que el Estado financie parte del proceso, lo que generaría cuestionamientos sobre equidad y legalidad desde varios sectores.
Con el expediente en manos de la justicia electoral, el tema adquiere complejidad institucional, política y legal. El trámite no se resolverá en horas, y será observado de cerca por actores del mapa político nacional, que ven en este caso una prueba de fuego para la transparencia y vigencia de la normativa electoral.
