El Ejecutivo nacional derogó el decreto que exigía a las instituciones educativas de gestión privada solicitar autorización estatal antes de modificar sus aranceles, lo que habilita a estos establecimientos a fijar libremente los montos de matrícula y cuota.
La medida —publicada recientemente en el Boletín Oficial— elimina una restricción vigente que obligaba a las escuelas a comunicar los valores con anticipación considerable y esperar la aprobación del Estado para cualquier aumento. Con el nuevo marco, los colegios privados podrán ajustar sus costos operativos sin necesidad de trámite previo.
Las autoridades justificaron la decisión argumentando que la normativa anterior genera rigidez y distorsiona los precios, ya que muchas instituciones fijaban aranceles elevados al inicio del ciclo lectivo por temor a no poder cubrir sus costos. Ahora, sostienen, podrán adaptarse con mayor flexibilidad a la realidad económica.
Desde el sector educativo advierten que esta modificación podría traducirse en una mayor variabilidad de los precios a lo largo del año, lo que exige vigilancia por parte de las familias. En paralelo, las escuelas anticipan que tendrán mayor margen para cubrir gastos crecientes de salarios, servicios, mantenimiento e inversión.
La derogación del control estatal sobre las cuotas abre un nuevo escenario para la educación privada de gestión privada, al eliminar procedimientos y tiempos de espera. Queda por verse cómo se establecerán mecanismos de transparencia para que los padres puedan monitorear los ajustes de los aranceles.
