El Gobierno nacional autorizó este lunes la instalación de sistemas de tecnología avanzada para detectar y bloquear celulares en las cárceles federales. La medida ya es oficial y busca impedir que los presos sigan coordinando maniobras ilícitas desde el interior de los establecimientos penitenciarios.
La decisión habilita al Servicio Penitenciario Federal a implementar dispositivos de detección y bloqueo de IMEI/IMSI, con el objetivo de impedir el uso indebido de celulares en el interior de las cárceles.
La medida quedó formalizada en el “Manual de Procedimiento para la Detección y Bloqueo de IMEI/IMSI en Establecimientos Penitenciarios Federales”, el cual establece cómo detectar y anular los celulares en las cárceles.
El mecanismo se basa en la identificación de los teléfonos a través de dos códigos clave: el IMEI (International Mobile Equipment Identity), que es el número único de cada equipo, y el IMSI I (International Mobile Subscriber Identity), vinculado a la tarjeta SIM.
Cuando un celular se activa dentro de una zona prohibida, equipos lo detectan automáticamente y generan un reporte con esos datos. Acto seguido, la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios solicita el bloqueo inmediato a las empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones.
Por su parte, las compañías deben validar la información y proceder a inutilizar el dispositivo en un plazo máximo de 48 horas, impidiendo que vuelva a conectarse a cualquier red.
El sistema también incluye controles sobre el ingreso de celulares por parte de personal autorizado. Para eso, se dispondrán sectores específicos fuera de las áreas restringidas donde agentes penitenciarios, funcionarios judiciales o abogados deberán dejar sus dispositivos antes de ingresar.
Además, habrá un monitoreo constante desde centros de control, con registros actualizados de todos los equipos bloqueados y auditorías periódicas para verificar el cumplimiento del procedimiento.
La resolución se inscribe en el régimen legal vigente de ejecución de la pena privativa de la libertad, que reconoce el derecho de las personas detenidas a mantener comunicaciones en los términos previstos por la ley, pero prohíbe expresamente las comunicaciones telefónicas a través de equipos o terminales móviles.
La Dirección Nacional de Tecnología de la Información, dependiente de la Secretaría de Coordinación Administrativa del Ministerio de Seguridad, será la encargada de llevar adelante los trámites necesarios para la adquisición, instalación, mantenimiento y supervisión de la tecnología requerida.
