Durante el transcurso de 2024, la Justicia de la provincia de Santa Fe abrió un total de 3.989 investigaciones penales contra efectivos policiales y personal del servicio penitenciario. Así lo reveló el reciente informe de gestión de la Fiscalía General, presentado ante la Legislatura provincial por su titular, María Cecilia Vranicich.
El documento subraya que uno de los principales ejes de trabajo del último año estuvo enfocado en los delitos cometidos por funcionarios públicos. En ese marco, se solicitó a las fiscalías regionales un relevamiento actualizado de todas las causas que involucraran a personal de seguridad, ya sea en actividad o fuera de servicio.
Los datos muestran que la mayoría de los expedientes iniciados en 2024 —un 93%— corresponden a agentes que se encontraban en funciones al momento de los hechos denunciados. Específicamente, 3.730 legajos fueron contra funcionarios activos.
La concentración geográfica de las causas también resulta significativa: el 46,4% se inició en la Fiscalía Regional II, que abarca Rosario y alrededores, lo que convierte al Centro de Justicia Penal de esa ciudad en el principal foco de estas investigaciones. Le sigue en volumen la Fiscalía Regional I, con un 40,3% de los casos.
En cuanto al avance de las causas, el informe da cuenta de que durante el año se realizaron 390 audiencias relacionadas con estos expedientes. Nuevamente, la mayor parte tuvo lugar en Rosario, donde se concentró el 67,8% de los encuentros judiciales. La Fiscalía Regional I participó del 18,5% del total.
En relación con las condenas, el reporte indica que en 2024 se dictaron 44 sentencias condenatorias a policías y penitenciarios en toda la provincia. Cuatro de cada diez de esas condenas fueron en el ámbito de la Fiscalía Regional II.
El relevamiento destaca no solo la dimensión del fenómeno, sino también la necesidad de fortalecer los mecanismos de control interno dentro de las fuerzas de seguridad. Desde la Fiscalía General se insiste en la importancia de continuar investigando con firmeza los casos en los que agentes estatales están implicados, en pos de preservar la legalidad y la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas.
