Luego de un viernes con 65 hechos de amenazas en escuelas de la provincia, autoridades de la Casa Gris advirtieron sobre las consecuencias legales y económicas de estas conductas: “No se trata de una broma, se trata de un delito”, recordaron. En ese sentido, funcionarios llamaron al diálogo entre la comunidad compuesta por alumnos, padres y docentes.
Ver más: Investigan amenazas de tiroteo en dos escuelas de Rosario y activaron protocolos
“Estas amenazas no son una broma: constituyen un delito tipificado en el Código Penal y tienen consecuencias no solo para quienes las realizan, sino también para sus familias”, afirmó el ministro de Educación, José Goity, quien -además- convocó a construir una “alianza entre la escuela, las familias, la sociedad y el Estado”.
Por su parte, responsable de la cartera de Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, explicó que desde el área se trabaja en dos planos: por un lado, el abordaje de la violencia en entornos digitales en coordinación con el Ministerio de Seguridad de la Nación y el Ministerio Público de la Acusación (MPA); y por otro, la respuesta ante amenazas concretas mediante llamados o mensajes.
Cococcioni advirtió que, aun cuando intervengan menores no punibles por edad, las actuaciones dejan antecedentes que pueden afectar a futuro, como la imposibilidad de obtener certificados de buena conducta o restricciones para viajar al exterior. Además, los adultos responsables pueden ser sujetos de medidas judiciales.
Además, el funcionario comentó que avanzará -a través de su área Legal y Técnica y en coordinación con la Fiscalía de Estado- en acciones judiciales para reclamar el resarcimiento económico en aquellos casos donde se identifique a los responsables. Según precisó el ministro, cada operativo tiene un costo estimado de entre $ 5 y 6 millones. “Vamos a perseguir el cobro de esos costos a los responsables identificados en cada caso”, afirmó.
Desde el Gobierno recordaron que realizar pintadas, difundir mensajes intimidatorios o generar falsas alarmas constituye el delito de intimidación pública, previsto en el artículo 211 del Código Penal, con penas de prisión.
