Este miércoles, en el recinto de la Cámara de Diputados de Santa Fe, se realizó una audiencia pública sobre la empresa agroexportadora Vicentin y su concurso de acreedores. De la misma, participaron legisladores provinciales y los fiscales que llevan adelante las investigaciones penales, civiles y comerciales. La audiencia fue convocada por diputados integrantes de la Comisión de Información y Seguimiento de las causas judiciales en razón del concurso de la empresa Vicentin. Los legisladores Luis Rubeo (PJ) y Carlos Del Frade (Frente Social y Popular) coincidieron en la importancia de la actividad institucional y en el reclamo a los gobiernos nacional y provincial de medidas concretas al respecto.
“Estamos muy satisfechos por esta audiencia pública, sobre todo porque estuvo representado todo el arco de la problemática: la empresa, los fiscales, los acreedores granarios, los trabajadores y los actores de la banca”, sostuvo Rubeo, quien aseguró que “eso hizo que cada uno se haya podido expresar con libertad”.
“La salida es eminentemente política. El gobierno de Santa Fe debe dejar de mirar para otro lado, juntarse con el gobierno nacional y con otros actores y llevar a cabo un nuevo diseño de administración”, reclamó el diputado justicialista. En cuanto a la propuesta de acuerdo de Vicentin con los acreedores, Rubeo advirtió que “no tiene viabilidad económica ni jurídica”.
Por su parte, el diputado Del Frade destacó que “por primera vez se expresaron en un recinto institucional los acreedores granarios, quienes hablaron de la necesidad de mantener los puestos laborales y de la estafa que sufrieron de Vicentin”.
Durante tres horas y media se escucharon posturas muy críticas en torno a los que varios definieron como el mayor default en la historia santafesina. Solo Bougain se encargó de exponer la postura empresaria aclarando que el directorio que integra llegó después de presentarse a concurso.
Las voces de legislares se fueron luego intercalando con las Claudio Lozano, ex director del Banco Nación, dirigentes y abogados de sindicatos del norte, acreedores granarios llegados desde el sur santafesino, Entre Ríos y Córdoba, el abogado Gustavo Feldman y los fiscales del área de delito económico del MPA de Rosario, Miguel Moreno y Sebastián Narvaja, presentados por el fiscal general, Jorge Baclini.
Además del concurso preventivo, expediente que hoy se encuentra en la Corte Suprema de Justicia por el avocamiento dispuesto oportunamente por el presidente, Rafael Gutiérrez, y convalidado luego por el tribunal, sobre Vicentin pesan tres causas abiertas en lo penal. A la de la Rosario se suma otra que tiene el juez federal porteño Julián Ercolini y una tercera en la justicia federal de Reconquista. Los fiscales rosarinos concentraron -a instancias del fiscal general- todas las denuncias radicadas en la provincia y que parten de acreedores granarios y bancos internacionales. “Tenemos 14 imputados y la estafa es de 700 millones de dólares” detalló Navarro quien también una serie de inconductas procesales en el marco del concurso por el cual habían solicitado la prisión preventiva de varios directivos no aceptada por los jueces. “Estimamos que antes de fin de año estaremos presentando la acusación a esos directivos. Luego, Narvaja habló de delitos de guante blanco para referirse a la investigación en marcha.
Para Lozano el comportamiento de Vicentin responde a patrones ya conocidos de grupos económicos que se trasnacionalizan para sacar los activos del país y calificó de importante la avocación de la Corte santafesina al expediente para cuestionar la actuación del juez del concurso, Fabián Lorenzini. En cuanto a la propuesta la consideró “un insulto a la inteligencia” y mocionó como salida la usada por el gobierno nacional en el caso Pescarmona.
Detención y pago de fianza
.El presidente del directorio de Vicentin Omar Scarel fue detenido a principios del mes de junio en Avellaneda, en el norte santafesino, por orden del fiscal Sebastián Narvaja de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos de Rosario. Fuentes judiciales indicaron que la fiscalía detectó que Scarel realizó maniobras intentando enajenar las acciones de Renova que están bajo caución judicial. La detención se produjo por parte de personal de la Agencia de Investigación Criminal y fue acompañada de allanamientos en oficinas de Renova en Rosario, ubicadas en la zona de Puerto Norte, donde se secuestró documentación en formato papel y electrónica.
El presidente del directorio ya estaba imputado por estafa, defraudación y balances falsos en el marco de la investigación penal por la cesación de pagos de Vicentin, al igual que el resto del directorio. En la audiencia imputativa de octubre pasado a los 14 acusados se les concedió la libertad bajo una fianza millonaria y se le fijaron normas de conducta y prohibición de salir del país.
