El diputado provincial Carlos del Frade presentó un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo de Santa Fe detalle qué medidas adoptó —y cuáles prevé implementar— ante una denuncia reiterada: el presunto drenaje de efluentes cloacales provenientes de la Unidad Penitenciaria Nº 11 de Piñero hacia el arroyo Saladillo, con impacto directo sobre campos vecinos. En la iniciativa parlamentaria se advierte que la situación “contamina los campos lindantes desde hace años”, según manifestaron productores de la zona.
El planteo suma un elemento que, de acuerdo con el proyecto, podría agravar el conflicto: la instalación de una nueva cárcel en terrenos cercanos. Para Del Frade, la ampliación del complejo penitenciario sin una solución de fondo para el manejo de residuos líquidos implicaría consecuencias negativas sobre el ambiente, riesgos potenciales para la salud humana y perjuicios para la producción agropecuaria.
En el texto presentado en la Cámara de Diputados se menciona el caso de Fernando Wirsch, vecino y productor de Piñero, quien desde hace años viene realizando presentaciones ante distintas áreas del Estado provincial para intentar resolver el problema. El proyecto recuerda que el 26 de noviembre de 2015 Wirsch firmó un convenio con el entonces Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente y con la comuna de Piñero para derivar las aguas que genera la cárcel hacia el Saladillo, luego de un período de conflictos y reclamos por la contaminación que —según su denuncia— afectaba su propiedad y las napas de la zona.
Según el relato incorporado en el pedido de informes, el avance de los efluentes habría generado un nivel de contaminación que incluso impidió continuar con la explotación ganadera, con pérdidas económicas de magnitud. En una nota dirigida al gobernador Maximiliano Pullaro, el productor sostuvo que ni la Provincia ni la comuna realizaron controles y tareas de mantenimiento suficientes para evitar la persistencia del problema ambiental.
En esa misma presentación, Wirsch planteó que el volumen sería de alrededor de 1.500.000 litros diarios y que, a partir de constataciones, el agua no resultaría apta para consumo humano. Además, afirmó que se registraron parámetros que excederían estándares de contaminación y citó la presencia de bacterias como escherichia coli y pseudomonas aeruginosa, entre otras.
El productor también advirtió que la contaminación habría alcanzado las napas de agua, lo que —según su evaluación— eleva el riesgo para el consumo de personas y animales en el área. En ese marco, cuestionó que se proyecte una nueva cárcel que “duplicaría” el impacto sin una solución inmediata a la vista.
Del Frade sostuvo que es necesario que el Ejecutivo provincial responda una demanda que se arrastra desde hace años y que, más allá de los daños productivos denunciados, implica un peligro serio para el ambiente y un riesgo potencial para la salud de quienes viven y trabajan en la región.
