La crisis sanitaria por la administración de fentanilo contaminado ya se cobró la vida de 33 personas en hospitales de Buenos Aires, provincia de Santa Fe y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según los últimos reportes oficiales. La Ciudad de Rosario concentra 16 de esos fallecimientos, registrados en tres instituciones: nueve en el Sanatorio Parque, seis en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) y uno en el Hospital Italiano.
El relevamiento fue elaborado por la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Carlos G. Malbrán”, que confirmó que los pacientes afectados habían recibido fentanilo durante procedimientos de intubación o en unidades de terapia intensiva. El medicamento, elaborado por el laboratorio HLB Pharma, estaba contaminado con dos bacterias de alta resistencia: Ralstonia pickettii y Klebsiella pneumoniae. Ambas son capaces de provocar infecciones graves, especialmente en personas con defensas comprometidas.
La alerta sanitaria se activó a mediados de abril, cuando el Hospital Italiano de La Plata reportó múltiples muertes inusuales en pacientes que habían sido tratados con fentanilo. Desde entonces, se identificaron 15 fallecimientos en esa institución. A ellos se suman un deceso en el Sanatorio Dupuytren de CABA, uno en el Hospital Cullen de la ciudad de Santa Fe, y los ya mencionados 16 en Rosario, que transformaron a esta ciudad en uno de los epicentros del drama sanitario.
Ante el avance de los casos, la ANMAT ordenó el retiro inmediato del lote contaminado y suspendió la habilitación de HLB Pharma, así como también la de su empresa coproductora, Laboratorio Ramallo. La Justicia federal, bajo la conducción del juez Ernesto Kreplak, también intervino y ya realizó múltiples allanamientos, entre ellos a la droguería Nueva Era, sindicada como una de las distribuidoras del producto defectuoso.
El caso tiene derivaciones políticas y judiciales. El laboratorio HLB Pharma es propiedad de Ariel García Furfaro, socio del dirigente sindical Víctor Santa María, mientras que Laboratorio Ramallo pertenece a Ariel Salinas, empresario que años atrás fue vinculado a la llamada “mafia de los medicamentos”. Uno de los ejes de la investigación es un presunto sabotaje: según la conducción de HLB, personas no identificadas ingresaron a la oficina de Garantía de Calidad y destruyeron documentación clave sobre los procedimientos internos.
La Justicia ya pidió a los ministerios de Salud provinciales que informen si hubo otros casos de pacientes internados desde el 1º de abril que hayan recibido fentanilo y luego desarrollado síntomas compatibles con infecciones bacterianas. A su vez, desde el Ministerio de Salud de la Nación se informó que la mayoría de las víctimas eran varones de entre 45 y 64 años, aunque en La Plata también se registró la muerte de una niña menor de cinco años.
El caso genera una creciente preocupación entre pacientes, profesionales y autoridades sanitarias, mientras se espera que la Justicia determine responsabilidades penales en un episodio que dejó una dolorosa secuela de muertes evitables.
