Las universidades públicas de todo el país realizarán un paro de 72 horas a partir del miércoles en reclamo de la plena implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada en octubre pero aún sin aplicación efectiva. La medida busca visibilizar la falta de cumplimiento por parte del Estado en la asignación de recursos necesarios para el sostenimiento del sistema educativo superior.
En Rosario, la COAD confirmó su adhesión al paro, aunque aclaró que las mesas de examen no se verán afectadas para no perjudicar a los estudiantes que ya habían programado sus evaluaciones finales. En tanto, la AGD-UBA informó que, si bien acompañan el reclamo, los docentes de la Universidad de Buenos Aires mantendrán sus actividades con normalidad.
Los gremios universitarios sostienen que la ley debía garantizar mejoras salariales para docentes y no docentes, así como la asignación de partidas que aseguren el correcto funcionamiento de las instituciones. Sin embargo, denuncian que las partidas presupuestarias no fueron actualizadas ni ejecutadas, lo que genera un escenario crítico en varias universidades del país.
Según explicaron, el congelamiento presupuestario afecta directamente a los salarios, las becas estudiantiles y los programas de investigación, y pone en riesgo la continuidad de proyectos esenciales para la comunidad educativa. “Los docentes no pueden seguir trabajando con sueldos por debajo de la línea de pobreza, ni las universidades pueden funcionar con presupuestos que se licúan mes a mes”, expresaron desde la federación universitaria.
El paro de tres días incluye distintas acciones de visibilización y asambleas en las sedes universitarias, con el objetivo de exigir que el Gobierno nacional cumpla con la ley y ejecute los fondos previstos. Los sindicatos advirtieron que, si no hay una respuesta concreta, podrían evaluar nuevas medidas de fuerza antes del cierre del año académico.
De esta manera, el conflicto universitario suma un nuevo capítulo en medio del reclamo por mayor presupuesto, salarios dignos y defensa de la educación pública, en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno y el sistema de educación superior.
