Una fuerte polémica se abrió en el Concejo Municipal de Rosario luego de que el edil Carlos Cardozo (PRO) presentara un proyecto para derogar la ordenanza 8725/2010, que desde hace casi 15 años impide la creación de nuevos barrios cerrados en la ciudad.
El concejal argumenta que la normativa vigente “le hizo perder a Rosario miles de millones en inversiones genuinas”, que podrían haber generado ingresos por compensaciones urbanísticas destinadas a obras de infraestructura. “Esa oportunidad fue aprovechada por localidades vecinas, mientras nuestra ciudad quedó rezagada en materia de desarrollo inmobiliario”, sostuvo.
Cardozo recordó que en 2010 solo dos concejales —Laura Weskamp (PRO) y Jorge Boasso (UCR)— votaron en contra de la ordenanza, y aseguró que “quince años después, la realidad les da la razón”.
El proyecto propone alinear la legislación local con el Código Civil y Comercial de la Nación, que desde 2015 reconoce los conjuntos inmobiliarios (barrios cerrados, clubes de campo, etc.) como una figura jurídica válida. Según el texto, Rosario debe actualizar su marco normativo para no contradecir disposiciones federales y permitir un desarrollo urbano moderno y regulado.
Entre los fundamentos, el edil señala que la expansión planificada de la ciudad requiere diversidad de opciones habitacionales, desde proyectos sociales y viviendas para sectores medios hasta desarrollos privados. “El rosarino que quiera vivir en un barrio cerrado debe poder hacerlo dentro de su ciudad, sin tener que mudarse a Funes o Roldán”, enfatizó.
Cardozo también propone que, en caso de aprobarse la derogación, se establezca un régimen de control y compensaciones urbanísticas exigente, que garantice cesión de espacios públicos, integración con el entorno, sustentabilidad ambiental y conexión vial con el ejido urbano. Además, cada emprendimiento debería firmar un convenio urbanístico con el Municipio para asegurar el cumplimiento de los parámetros de interés público.
El edil considera que la prohibición de 2010 “se volvió anacrónica” y que su revisión es indispensable para modernizar la planificación urbana. “Si un desarrollador quiere invertir en un barrio cerrado y está dispuesto a pagar compensaciones que financien obras en los barrios populares, no hay razón para impedirlo. Debemos ofrecer todas las alternativas a quienes eligen quedarse en Rosario”, concluyó.
La iniciativa ya generó debate dentro del Concejo, entre quienes ven en la propuesta una oportunidad de crecimiento y quienes advierten el riesgo de profundizar la fragmentación urbana. La discusión promete reabrir uno de los temas más controvertidos de la política de planeamiento local.
