Luego de que se conociera que el Juzgado Federal de San Martín (Buenos Aires) dictó una medida cautelar que pone en pausa por seis meses el decreto que impulsó la reestructuración de áreas de la secretaría de Transporte, el Gobierno apelará la suspensión de la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad ante la Justicia.
“El Gobierno apelará la suspensión del decreto que determina la disolución de Vialidad Nacional”, publicó en sus redes el vocero presidencial, Manuel Adorni.
La Casa Rosada asegura que la mesa técnica ya tiene en la mira la documentación para impulsar la apelación, pero reconoce que -por los plazos- lo hará luego de la feria judicial, el 2 de agosto.
La demanda fue presentada por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (SEVINA), que argumentó que las facultades delegadas del oficialismo no incluían la atribuciones para eliminar el organismo. El decreto también oficializó la disolución de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y de la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial.
La jueza le ordenó al Ejecutivo que se abstenga de ejecutar cualquier acto administrativo que valide el decreto 461/2025, como reubicaciones, traslados, cesantías, suspensiones, pases a disponibilidad de personal o supresión de estructuras vinculadas a la Dirección Nacional de Vialidad.
El documento judicial sostiene que Vialidad “es una entidad autárquica de derecho público, con personalidad para actuar privada y públicamente conforme a las disposiciones del decreto ley 505/1958″. Además, hace foco en que la relación laboral del personal se rige por la Ley de Contrato de Trabajo.
El plan del Gobierno para Vialidad incluye dejar sin funciones a más de 5000 empleados y que estos pasen a disponibilidad, de forma que cuenten con un año con goce de sueldo a la espera de que ser reubicados y capacitados para otras tareas.
