El diputado nacional Eduardo Toniolli denunció que el Gobierno nacional dio de baja el servicio ferroviario Rosario–Cañada de Gómez y exigió al gobierno de Santa Fe una respuesta inmediata para evitar la pérdida de un trayecto utilizado por cientos de pasajeros.
Toniolli recordó que el tren funcionaba con normalidad y experimentaba un crecimiento de usuarios. “Se debía implementar la SUBE, permitir el ascenso y descenso sin trámites por internet, autorizar el transporte de bicicletas y aumentar la frecuencia”, explicó el legislador.
A partir de febrero-marzo del año pasado, la administración nacional comenzó a obstaculizar el servicio: cerró boleterías, redujo frecuencias y destinó el coche motor y la locomotora a otras rutas, como la conexión Rosario–Retiro. Estas maniobras coincidieron con un leve incidente en la locomotora, tras el cual se decidió suspender el ramal, aduciendo falta de material rodante.
El diputado aludió a un informe presentado ante la Cámara de Diputados por Guillermo Franco, representante del Organismo Regulador de Transporte, en el que se justificó el recorte argumentando que “no hay material rodante ni coche motor de reemplazo”. Sin embargo, Toniolli enfatizó que existen unidades disponibles procedentes de servicios suspendidos, como el trayecto Buenos Aires–Pinamar.
“La realidad demuestra que hay coches motores ociosos que podrían reintegrarse de inmediato”, sostuvo Toniolli, y acusó al Gobierno nacional de impulsar una decisión política para desmantelar el transporte ferroviario de pasajeros.
El ramal registró un aumento del 25% en pasajeros durante 2023, con más de 50.000 usuarios anuales y un índice de puntualidad del 92%, pese a las restricciones aplicadas.
Toniolli instó al gobernador de Santa Fe a convocar una mesa de diálogo con el Ministerio de Transporte y organizaciones civiles para diseñar una estrategia de mantenimiento y expansión del ramal. Advirtió que su suspensión derivaría en un traslado masivo a transporte automotor y en mayores costos para los trabajadores.
Usuarios y referentes locales respaldaron el reclamo. En asambleas y medios audiovisuales, vecinos advirtieron que el cierre afecta la movilidad, el turismo y el desarrollo económico de la región, y demandaron un plan público que garantice la continuidad del servicio ferroviario.
El diputado subrayó que la renovación del tren no solo favorecerá la sostenibilidad ambiental, sino que fortalecerá el tejido productivo y social de la zona. Conminó a la provincia a asumir el reclamo antes de que la baja se confirme definitivamente.
