La disputa entre el gobierno de Santa Fe y la empresa Mercado Libre sumó este martes un nuevo capítulo. La firma de Marcos Galperín anunció que comenzará a diferenciar, en sus plataformas digitales, los impuestos provinciales de los nacionales, medida que fue leída desde la Casa Gris como una represalia por los recientes pedidos de mayor control sobre los dispositivos de cobro que distribuye la compañía.
Desde el Ministerio de Economía provincial, su titular, Pablo Olivares, negó que se haya aplicado un aumento en la carga tributaria sobre las plataformas de comercio electrónico y sugirió que el accionar de Mercado Libre responde a un intento de deslegitimar las exigencias estatales para regular el uso de sus herramientas en territorio santafesino.
“La empresa busca instalar una excusa para justificar la segmentación de precios que aplicará según la provincia”, sostuvo Olivares. Y fue más allá: apuntó directamente contra el rol de Mercado Pago en el circuito del delito. Según el funcionario, la provincia ha detectado dispositivos Point –lectores de tarjetas y códigos QR– en múltiples procedimientos contra el narcotráfico. “En muchos allanamientos aparecen armas, drogas y aparatos de Mercado Pago. Es una escena que se repite”, enfatizó.
Olivares también remarcó que, mientras la empresa facilita sin control el acceso a estas terminales de cobro, es el Estado santafesino el que debe redoblar esfuerzos y recursos para combatir las actividades criminales que se valen de esas herramientas. “Resulta contradictorio: mientras facilitan operaciones ilegales, la provincia financia con lo recaudado en Ingresos Brutos las políticas de seguridad que buscan frenarlas”, señaló.
El conflicto estalló horas después de que Mercado Libre difundiera una nueva política que comenzará a aplicar desde el martes 8 de julio. A partir de esa fecha, los cargos por vender o cobrar a través de sus plataformas variarán según el régimen impositivo de cada provincia. En concreto, esto podría significar una reducción de comisiones en jurisdicciones con menores alícuotas, como Corrientes, Formosa o Río Negro, y un incremento en otras como Santa Fe, Córdoba o Jujuy.
Desde la empresa sostienen que la decisión busca “transparentar” el costo impositivo que enfrentan los vendedores y consumidores, en un escenario donde las diferencias entre provincias son cada vez más marcadas. “El impuesto a los Ingresos Brutos es distorsivo, encarece los productos y desalienta la formalización”, argumentaron en un comunicado.
La movida se produce en un contexto de tensión entre la firma y distintas administraciones provinciales. No es la primera vez que el gobierno santafesino choca con el gigante del e-commerce, pero esta vez las acusaciones escalaron a un nivel inédito: desde la gestión de Maximiliano Pullaro deslizan que los dispositivos financieros de la compañía estarían siendo usados como herramienta por el narcotráfico.
Así, la disputa ya no se limita al terreno tributario, sino que suma un componente de seguridad que profundiza el enfrentamiento. Mientras tanto, la controversia deja a la vista un debate mayor sobre el rol que deben asumir las grandes tecnológicas en la regulación de sus operaciones, sobre todo cuando sus herramientas se integran a economías ilegales.
