El fiscal santafesino Ezequiel Hernández solicitó once años de prisión para el exministro de Seguridad provincial, Marcelo Sain, por el presunto espionaje ilegal a políticos, empresarios y otros actores sociales. Además, pidió inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por 22 años. La acusación fue presentada el jueves pasado ante la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) y también incluye peticiones de condena para otros seis imputados.
Se solicita nueve años de prisión para Nadia Schujman, exdirectora de la Agencia de Control Policial, y Débora Cotichini, exjefa de Inteligencia Criminal, quienes habrían organizado la asociación ilícita. A Germán Montenegro, exsecretario de Seguridad, se le piden siete años de cárcel. Para Pablo Álvarez y Diego Rodríguez, exsubsecretarios del Ministerio de Seguridad, se requieren cinco años, y para Milagros Bernard, excontratada de la Subsecretaría de Control, tres años y seis meses.
Las imputaciones incluyen la violación de la ley de inteligencia, malversación de fondos públicos, y encubrimiento calificado, entre otros delitos. A fines de 2022, Sain ya había sido acusado de liderar una asociación ilícita dedicada al perfilamiento ilegal de funcionarios y periodistas, además de una causa por la compra irregular de armas para la Policía de Santa Fe.
