El gobierno de Santa Fe presentará un programa destinado a reducir el peso del endeudamiento sobre los salarios, con foco en empleados públicos, jubilados y también trabajadores del sector privado. La iniciativa apunta a ordenar el sistema de préstamos descontados directamente del sueldo y a ofrecer herramientas de refinanciación para casos donde las quitas ya afectan de manera severa el ingreso disponible.
El universo más comprometido dentro del Estado provincial incluye a unos 12.000 trabajadores activos y 7.000 jubilados que hoy sufren descuentos superiores al 25% de sus haberes por deudas tomadas a través del sistema de códigos de descuento. En muchos casos, el endeudamiento equivale a cinco salarios completos. Además, el plan buscará colaborar con unos 50.000 empleados y autónomos del sector privado que también arrastran fuertes recortes por créditos.
Según los datos oficiales, alrededor del 33% de los estatales santafesinos —unos 35.000 agentes— tiene créditos otorgados mediante ese mecanismo, que permite a unas 30 entidades descontar cuotas directamente del sueldo. El problema ganó visibilidad durante las paritarias de este año, cuando se advirtió que en las categorías más bajas el ingreso de bolsillo estaba siendo fuertemente erosionado por esas deducciones.
El plan de “protección del salario”, como lo denomina la administración provincial, prevé varias herramientas. La primera es un reempadronamiento de las entidades que operan con código de descuento, junto con nuevos requisitos de información y balances. También se buscará bajar el tope descontable del 50% legal actual al 25% del salario. Las entidades que quieran seguir operando bajo este sistema deberán ofrecer refinanciaciones que respeten ese nuevo límite y a tasas más cercanas al 60% anual que hoy cobra el Banco Nación. Quienes no acepten, no podrán seguir otorgando nuevos préstamos por esa vía.
En los casos en que los acreedores no ofrezcan esa adecuación, el Estado provincial habilitará préstamos a tasa cero para cubrir la diferencia entre el descuento actual y el nuevo tope del 25%. Ese financiamiento se recuperará a través de los medios aguinaldos, que no están alcanzados por el sistema de descuentos. La condición será que el deudor no pueda tomar nuevos créditos mientras dure esa asistencia.
Otra alternativa será una línea de refinanciación a través del Banco de Santa Fe, con un plazo de hasta 60 meses y condiciones más accesibles que las del mercado. Además, la provincia buscará involucrar a mutuales sindicales y entidades financieras para ampliar las opciones de alivio y reducir la carga sobre los salarios.
Para el sector privado, el programa contempla acuerdos con bancos públicos y privados que ya participan en líneas subsidiadas para empresas, además de rondas de diálogo con cámaras empresarias para promover refinanciaciones de deudas de empleados. En paralelo, el Ministerio de Igualdad y Desarrollo redireccionará parte de los créditos del Banco Solidario para asistir a trabajadores con ingresos más irregulares.
La provincia buscará instrumentar el nuevo esquema a través de un decreto y apunta a que las medidas entren en vigencia durante mayo. Si el Estado tuviera que absorber por completo la refinanciación del universo más afectado de empleados públicos y jubilados, el costo inicial rondaría los 8.000 millones de pesos en el próximo semestre, aunque con recuperación posterior.
