Tras la jura de Silvina Batakis como la nueva ministra de Economía, renunció Santiago López Osornio, funcionario encargado de la segmentación de la tarifas y quien respondía a Guzmán.
Hablamos del subsecretario de Planeamiento Energético de la Secretaría de Energía. López Osornio estuvo a cargo de las audiencias públicas por las subas de los servicios y era el delegado de Guzmán en Energía.
Era el funcionario clave que diseñó el esquema y el formulario del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE).
Los datos que contiene el formulario ya había sido presentados la semana pasada, a través de las disposiciones 1 y 2 de su cartera, que ahora quedó vacante.
La nueva ministra de Economía, Silvina Batakis, deberá decidir en las próximas horas el destino de la segmentación. Todo el área energética, que estaba comandada por el kirchnerismo, seguirá sin cambios.
Darío Martínez se sostiene como secretario de Energía; Federico Basualdo, subsecretario de Energía Eléctrica; Federico Bernal, interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas); María Soledad Manín, interventora del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE); Agustín Gerez, titular de Energía Argentina; y Sebastián Bonetto, presidente del directorio de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa).
Todos ellos estaban en contra del esquema del tándem Guzmán – López Osornio, referenciado en los alicaídos ingresos de la población. El tope para mantener los subsidios era cercano a los $ 350.000 (3,5 Canastas Básicas Totales para una familia tipo en mayo) por grupo conviviente, sin diferenciar a los que viven solos de las familias numerosas.
Además, la forma de instrumentarlo (que todos los usuarios deban anotarse o perderían los subsidios) generó roces en las últimas semanas y el temor a que la cuestión termine trabada en la Justicia.
SUBSIDIOS E IMPORTACIONES DE ENERGÍA
El funcionamiento del área energética, que resistió las medidas fiscalistas de Guzmán, es vital para el programa económico, los dólares que salen de las reservas internacionales del Banco Central (BCRA) por las importaciones de gas licuado y gasoil, y los multimillonarios subsidios que eroga el Tesoro para abaratar en términos reales las tarifas y otorgar a la población un “salario indirecto”.
Según lo anunciado por el Gobierno, los usuarios que no se anotaran al RASE perderían una parte de la ayuda estatal con los consumos de junio y julio, aunque jamás se implementaron los precios mayoristas diferenciales ni en la energía eléctrica ni en el gas natural. El anuncio no pasó a los hechos ni se inició el proceso administrativo con los entes reguladores para la segmentación.
