Recientemente se decidió extender el plazo para poner en marcha los nuevos peajes inteligentes sin cabinas, una medida que viene generando preocupación entre los trabajadores del sector. A pesar de la postergación, el sindicato insiste en que seguirá monitoreando la situación para garantizar que no se trasladen costos ni riesgos sobre los empleados.
La decisión oficial amplía los plazos establecidos inicialmente para que las estaciones de cobro incorporen las barreras automáticas. La justificación apunta a “ajustes técnicos” y falta de recursos para concluir la instalación en las fechas previstas. No obstante, el levantamiento de la prórroga no ha reducido la tensión entre los trabajadores y sus representantes.
Desde el gremio se advierte que la demora podría ser una estrategia para imponer el cambio en condiciones desfavorables. “Seguimos alertas”, comentaron algunos referentes sindicales, quienes exigen que los pliegos técnicos y de operación contemplen las condiciones laborales actuales y no deterioren derechos ya conquistados.
Uno de los debates centrales gira en torno al financiamiento del mantenimiento, la operación y la seguridad de las nuevas barreras; además, se cuestiona cómo se articulará el control humano y tecnológico, y quién será responsable en caso de fallas o accidentes.
Para muchos empleados de peaje, el temor radica en que el sistema automático termine relegando el rol humano o incrementando la presión operativa. Algunos reclaman que se incluyan cláusulas específicas de protección laboral en los contratos, así como una clara regulación sobre los márgenes de responsabilidad en el caso de modularse fallas técnicas o sabotajes.
Por ahora, mientras la prórroga permite más tiempo para organización e implementación, el gremio mantendrá controles, reuniones y seguimiento del proceso. El conflicto no está cerrado: la vigilancia sindical promete permanecer activa hasta que las barreras funcionen con estándares definidos y garantías para los trabajadores.
